El Tribunal Constitucional rechazó un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 36-02 del 10 de enero de 2002 que establece facilidades para la instalación de la empresa Cementos Andinos en la zona franca de Pedernales.

El recurso fue sometido por la Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland que afirma que el referido decreto viola la libertad de empresa al otorgar a una empresa una serie de exenciones fiscales que le confieren un privilegio en desmedro de la libre competencia.

El TC considera que el referido decreto no resulta violatorio del derecho a la libertad de empresa, ni de los principios de igualdad e irretroactividad de las normas jurídicas, ni de la obligación presidencial de someter los contratos de concesión y exenciones fiscales a la aprobación congresual. La decisión contó con voto salvado del juez Hermógenes Acosta.