No obstante haber sido notificado, ningún representante del Gobierno asistió ayer a la audiencia que celebró el Tribunal Constitucional (TC) para conocer un recurso directo de inconstitucionalidad sobre el decreto presidencial 327-13, de fecha 29 de noviembre del 2013, que instituyó el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación migratoria irregular en la República Dominicana.

El recurso fue interpuesto por las fundaciones Fesore y Coddi por la Soberanía, ambas incorporadas, cuyos abogados, entre ellos, Elpidio Ramírez y Ricardo Soto, alegan violación de los artículos 3, 32 y 37. Centro Bonó. Participó en la audiencia como interviniente voluntario, representado por Nassef Perdomo, quien, al igual que el Ministerio Público (MP), solicitó al TC de manera principal declarar la acción inadmisible.

En cuanto al fondo, y en la hipótesis de que el TC apreciara a favor de las entidades accionantes la legitimación activa para interponer la indica acción directa de inconstitucionalidad, el MP pidió rechazar la misma por improcendente y mal fundada. Durante su rol de audiencia en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el TC conoció un total de ocho acciones directas de inconstitucionalidad, entre ellas otra presentada por la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclicp) en contra del una resolución de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música que establece un cobro por el uso de las transmisiones digitales. De todas se reservó el fallo.