La inconsistencia de quienes han manejado al Estado por decenios tiene que causar necesariamente a los dominicanos la más amarga de las frustraciones.

No se ha logrado, en la mayoría de los casos, una relación de causa y efecto entre la toma de conciencia de los males y su correspondiente búsqueda de solución. Enunciar, dar los primeros pasos y proponerlas, sí. Seguir con firmeza un proceso para lograr esas soluciones, ¡no!

Vale lo que acaba de ocurrir con el Presidente Leonel Fernández al decir que el país avanza hacia el establecimiento de un estatuto que garantice la permanencia en sus cargos de funcionarios por sus méritos; no por su militancia.

El Jefe del Estado se ha referido a un programa de Servicio Civil o Carrera Administrativa tan antiguo en el país y en el presupuesto, como el renacer de la democracia en 1961.

Hoy como ayer, los cargos públicos siguen siendo un botín de políticos. La partidocracia persiste. El primer mandatario ha tenido la franqueza de reconocerlo. Si aquí se hubiera hecho lo que tres décadas atrás se reconocía como prioridad urgente: salvar el río Yaque del Norte de la horrible contaminación, hoy no seguiría siendo una inmunda cloaca. Cada año ha resonado la intención de rescatarlo.

No es de ahora que existe el Departamento de Prevención de la Corrupción (le cambiaron hace unos días el nombre para dar la ilusión de que ahora las cosas irían en serio); no es de ahora que se formulan expedientes y emprenden procesos judiciales; no es de ahora que todo se queda en papeleo y rasgadura de vestiduras.

Mientras tanto, la percepción de que la corrupción ha crecido, a todos los niveles, no cesa. De un gobierno a otro, lo que se ha visto es el borrón y cuenta nueva; el paraíso de las amnistías y la amnesia frente al peculado, está en plena zona del Caribe.

Nos hemos pasado 50 años con informes de crecimiento récord en la economía, pero reiteradas veces (acaba de suceder esta semana con el ingeniero Temístocles Montás) se admite que tal expansión de riqueza se queda en pocos bolsillos. Este es un país de gravísima inequidad y de cíclicas caídas del desarrollo; institucionalmente débil porque los políticos no han protegido la continuidad del Estado.

Crearon un sistema de áreas protegidas en determinado momento y luego es el propio poder de los partidos y de intereses enquistados en las funciones legislativas y ejecutivas el que se mueve hacia la modificación de límites y desnaturalización de parques.

Bosques y playas supuestamente intocables que en más de un cuatrienio han sufrido la embestida del afán de lucro que desde posiciones privilegiadas pasa a valer más que el interés nacional.

A pesar de magníficas inversiones en un sistema de acueductos que incluyó traer agua desde Valdesia y de un conjunto de presas y embalses, Santo Domingo sufre un agudo déficit de suministro de agua que denota la falta de obras complementarias que hubieran liberado a la ciudad de periódicas crisis. Los capitaleños son víctimas de imprevisiones y arbitrariedades en materia de inversión pública, como fue el descontinuar, a pesar de su estado avanzado, la construcción del nuevo acueducto Santo Domingo Oriental, una obra multimillonaria que pronto se convertiría en ruinas sin haber rendido un solo galón de agua.