Techos frágiles sobre vidas

Si hay un requisito de las obras públicas que debería estar garantizado es el de la calidad y habitabilidad de las escuelas a cargo del Estado. Un inventario de sucesos que delatan vicios de construcción en planteles en los últimos decenios lleva a temer que la supervisión a labores de edificación en ese ámbito no está cumpliendo los fines de garantizar que los locales queden en condiciones óptimas. La caída, por tercera vez seguida, de revestimientos de techo golpeando alumnos en un aula de un liceo de la provincia Santo Domingo abre interrogantes sobre la competencia de quienes allí construyeron, fallando en algo tan elemental como revestir estructuras.

Los temblores de tierra muestran en récord a los locales escolares como muy vulnerables. Paredes muy agrietadas e inclinadas, como ocurrió en anterior decenio tras un sismo en la zona Norte. Al ocurrir algunos movimientos fuera de horario docente, el azar juega a favor de vidas humanas. El país debería recibir explicaciones sobre aparentes faltas de rigor al levantar escuelas. Debería saberse si los usuales retrasos de pago disminuyen, por problemas financieros y endeudamientos extremos, la capacidad de hacer las cosas lo mejor posible. Los incumplimientos oficiales en ese orden han causado suicidios a más de que encarecen costos y obligan a contratistas a tomar préstamos leoninos que tratan de compensar sobrevalorando la inversión en perjuicio del fisco.

Una urbe para andar montado

El déficit de trayectos exclusivos para peatones, libres de obstáculos y de peligros para andar, es extraordinario en Santo Domingo y no solo porque las aceras son pasto de cualquier vendedor informal o dueño de taller a cielo abierto. A la negación de paso con presencia de riesgos de accidentes personales contribuye mucho el mal estado de aceras frecuentadas por viandantes.
Raíces que destrozan suelos, huecos de alcantarillas al descubierto, zanjas y hoyos horadados por particulares y organismos que luego no subsanan sus destrozos. Salvo excepciones, la función normativa de los semáforos solo aplica para el desparpajo de automovilistas y motociclistas, reconocidos invasores de áreas. Las máquinas y sus tripulantes son amos y señores de una ciudad que, por muchos sitios, parece prohibida al que solo se vale de los pies.