Un informe conjunto rendido por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Academia de Ciencias al Senado revela que el «rock-ash» o «fly-ash» depositado en Samaná es tóxico por su clasificación, por su contenido de metales pesados y, asimismo, contaminante por su ubicación y manejo.

De inmediato, la comisión especial del organismo legislativo que investigó el caso afirmó, mediante informe rendido por su presidente, Enriquillo Reyes, al hemiciclo, que la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales violó flagrantemente su propia ley en el manejo de esos desechos sólidos.

Asimismo, reclamó a la dependencia gubernamental que ordene la devolución del material tóxico a su destino.

Igualmente, reiteró la invitación de la Cámara Alta al titular de Medio Ambiente, Frank Moya Pons, para que explique a los senadores y el país por qué esa cartera permitió la importación del material proveniente de una planta hidroeléctrica de Puerto Rico.

Por su lado, el senador de Montecristi, Bernardo Alemán, reclamó que por ser tóxico, el «rock-ash» depositado en la bahía de Manzanillo también debe ser retirado de su provincia.

Pidió al Senado que invite al diputado peledeísta Rafael (Fefey) Betances, para que aporte las pruebas de su denuncia de que él, Alemán, y otras autoridades de aquella provincia, están involucrados en la importación del material contaminante.

Advirtió que si el Senado no obtempera a su reclamo, someterá al legislador del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por difamación e injuria ante la Suprema Corte de Justicia.

Al intervenir, el senador Tonty Rutinel Domínguez, de Santo Domingo, pidió al Poder Ejecutivo la destitución de la gobernadora de Samaná, Amada Manzueta, a quien acusó de confabularse con los importadores de los residuos tóxicos y con funcionarios de Medio Ambiente para favorecer la permanencia del «rock-ash» en su provincia.

El informe rendido por el senador Reyes, de Monseñor Nouel, recomienda que el Senado, vía secretaría de Relaciones Exteriores, notifique sobre el caso a la autoridad regional del Convenio de Basilea sobre Desechos Tóxicos.

Los comisionados reclaman además que si la compañía Multigestiones Valenza, que trajo el «rock-ash» no retira de inmediato la escoria, las autoridades sometan a esta firma a la Corte Internacional de Justicia, con sede en Uruguay.

El informe de la UASD y la Academia de Ciencias de la República Dominicana resalta que los desechos de cenizas compactadas depositados en Arroyo Barril, Samaná, son tóxicos por la presencia de Arsénico, Cadmio, Berilio y Vanadio en niveles por encima de los estándares internacionales (CEE, EPA, Chile, Costa Rica y Bolivia).

Agrega que también es tóxico por los efectos directos de la alta alcalinidad sobre la piel humana sensible (abrasión por alcalosis), los ojos y las vías respiratorias, así como de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Resalta que el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación han sido violados por todas las partes involucradas, «convirtiendo en ilícita toda la operación.»

Indica que los permisos expedidos por la subsecretaría de Gestión Ambiental son irregulares, violatorios a la ley 64-00, a las normas establecidas por esa dependencia y a los procedimientos generalmente establecidos para ese tipo de documentos.

«Los análisis recibidos como buenos y válidos por la unidad de Gestión Ambiental no incluyeron indicadores obligatorios para el tipo de muestra y condujeron a interpretaciones erróneas al generalizar sobre toxicidad para variables no estudiadas», expresa el documento.

«La unidad de gestión no interpretó los reportes de análisis para emitir los permisos para Samaná, ya que ignoraron el nivel de vanadio de 80.3 ppm (partes por millón) que desborda significativamente todos los parámetros establecidos y reafirma la toxicidad», significa el informe de la UASD y la Academia de Ciencias.

Resalta además que «no hubo ningún tipo de supervisión por parte de las autoridades de Gestión Ambiental ya que la forma en que

fueron ‘depositados’ los materiales de desecho de cenizas de carbón compactadas no respetaron ni distancia al mar, ni salud, ni control de polvos desprendidos, ni pertinencia del personal.»

Por su lado, el informe de los senadores Reyes, de Monseñor Nouel; Vicente Castillo, de Peravia; Tonty Rutinel Domínguez, de Santo Domingo; José Tomás Pérez, del Distrito Nacional, y Ramiro Espino, de Samaná, dispone que los desechos sean devueltos a su lugar de origen a cuenta de Multigestiones Valenza, de conformidad con la Convención de Basilea.

[b]EL PRD[/b]

Una comisión de expertos designada por la comisión política del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) determinó mediante estudios que el “rockash” es un desecho que contiene una «gran proporción de elementos contaminantes» para el medio ambiente y que puede afectar a las personas que estén en el área de su manipulación y almacenamiento.

La comisión también estableció que el proceso de otorgamiento de permisos y trámites de importación «parece no haber cumplido con un curso transparente y legal».

El informe está firmado por el ingeniero Antonio Almonte, quien es además coordinador del departamento técnico del PRD, el ingeniero Juan A. González, el ingeniero Ramón Cruz, el licenciado Carlos Lalane, el licenciado Raymundo Tirado y el ingeniero Roberto Castillo Tió.

El informe señala que el rockash es una consecuencia de la combustión del carbón mineral que contiene entre otros componentes sílice, óxido de aluminio, azufre, hierro y otros metales pesados.

Sostienen que la utilización del carbón mineral como combustible para generación de electricidad ha sido de preocupación y control en todo el mundo.

La preocupación es que las plantas generadoras de electricidad que usan este combustible emiten a la atmósfera una notable cantidad de productos contaminantes tales como óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono principalmente.

Expresa la comisión que cuando se trata de deposición de desechos en un lugar, el problema no es meramente técnico, en términos de sólo prestar atención a los resultados de los análisis de laboratorios por más reputados que sean.

Agrega que la comunidad de Samaná no fue previamente consultada o debidamente informada sobre lo que le puede afectar y se corre el riesgo de que se desarrolle en ella la percepción de que su salud y el ecosistema corren peligro.

Establece que de acuerdo a las informaciones publicadas y disponibles, en Samaná y Manzanillo se han depositado en conjunto más de 80,000 toneladas métricas de rockash. «Por su volumen, es fácil deducir que el nivel de contaminación del suelo aire y agua podría ser muy significativos», agrega el informe.