El expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) Teodoro Tejada, mostró su oposición a la modificación de la ley 340-06 como recomienda un estudio de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), asegura que esa legislación es un instrumento jurídico que desde su promulgación el Estado ha tenido un marco legal que ha contribuido a transparentar las contrataciones públicas con la eliminación de la entrega de obras estatales de “grado a grado”.
Precisó que ese mecanismo legal constitucionalizó y reglamentó las compras y contrataciones de bienes, servicios y obras y concesiones correspondientes a los ministerios, organismos autónomos, descentralizados y municipales, lo que ha permitido que los profesionales de la construcción y otros subsectores intervengan y se beneficien con estas operaciones legales.

“Respetamos a la Finjus pero no compartimos esa recomendación, porque la realidad es que la ley tiene más virtudes que defectos, a la vez que contribuyó a la eliminación de la asignación directa de obras estatales”, manifestó Tejada.
El expresidente del Codia es de opinión que el problema radica en que el Estado no se ha preocupado por el cumplimiento del artículo 35 sobre el Órganos Rector del Sistema y la gestión de las contrataciones, así como a la violación de la ley 340-06, en su párrafo Uno.