Más problemas para Cristina.- Al descontento de sectores internos, residuos de la crisis de 2001, intercambios de acusaciones con el Reino Unido por las Malvinas y presiones del FMI, ahora la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, es asediada por un fondo especulativo que exige a la nación sudamericana el pago de 370 millones de dólares (aunque el pago total ronda los 1,600 millones de dólares, según fuentes) por bonos soberanos vencidos en 2001. NML Capital, con sede en las Islas Caimán, filial del fondo Elliott Capital Management del multimillonario Paul Singer, azote de empresas y países, presionó y logró que un juez de un país africano pobre, ignorado por el gran capital, como Ghana, ordenara embargar la fragata Libertad, orgullo y símbolo de la Armada argentina.
Lista de embargos.- El caso de la retención de una fragata a los argentinos no es nuevo. En 2007 una empresa retuvo por dos meses en EEUU el avión presidencial Tango 01. Otro bien embargado fue la casa donde vivió José de San Martín (libertador de Argentina, Chile y Perú) en Boulogne-sur-Mer, en Francia; también las residencias de los embajadores argentinos en EEUU y la OEA; cuentas bancarias del Banco Nación y del Banco Central en Nueva York. El satélite Acquarius fue otro de los famosos embargos, así como una serie de inmuebles de las Fuerzas Armadas en Maryland y Washington. También se bloqueó la utilización de más de millón de dólares sobre patentes de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica del Conicet, de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Se citan un total de 28 embargos.
Batalla llega a ONU.- El gobierno argentino ha señalado que en todos los embargos recientes que ha sufrido ha recuperado sus bienes sin negociar con los fondos especulativos, llamado fondos buitres, por algunos críticos. Sobre la fragata Libertad retenida desde el 2 de este mes en el puerto Tema de Ghana ya 279 tripulantes regresaron a Argentina, y la presidenta Cristina dijo que hará todo a su alcance para su recuperación y presentó el conflicto a la ONU, que desestimó la querella alegando que la disputa no es exactamente una amenaza para la paz mundial. Esta crisis suma presión a Cristina Kirchner.