Protestas en Brasil.-  En septiembre de 2011, miles de brasileños, algunos con escobas verde-amarillas, ocuparon la Plaza Cinelandia de  Río,  y llamaron al pueblo a barrer la corrupción. Para esa fecha habían rodados por supuestos casos de corrupción varios funcionarios del gabinete de la presidenta Dilma Rousseff. Un de los primeros fue Antonio Palocci, del Ministerio de la Presidencia y fundador del Partido de los Trabajadores. Le seguiría, Alfredo Nascimiento, de Transporte; el de Turismo, Frederico Silva da Costa; así como el exministro de Agricultura, Wagner Rossi. Tras las protestas irían al banquillo el exministro de Trabajo, Carlos Lupi, y ex de Deporte, Orlando Silva. Hoy, las manifestaciones han vuelto y no solo contra la corrupción.

Rousseff, peor que Collor de Mello.-  Las movilizaciones que a nivel nacional sacuden Brasil estallaron a mediado de junio en rechazo a los aumentos del pasaje de los autobuses en Sao Paulo. Luego se extendieron y se agregaron las demandas de mejores servicios de salud, educación, combate a la corrupción y un rechazo total a los gastos de la Copa de las Confederaciones y la Copa del Mundial de Fútbol 2014. En junio, Rousseff tenía una aprobación de 73.7%. Un mes después su popularidad mermó, y esta semana una encuesta de la consultora MDA sitúa en 49.3 el respaldo de la mandataria. La aprobación de su gobierno quedó en 31.3% de opiniones positivas. Ha sido la mayor caída de popularidad de un presidente brasileño desde 1990, fecha en que Fernando Collor de Mello confiscó los ahorros y su popularidad bajó de 71 al 36%.

Propuesta a la crisis.-  Rousseff, que inicia el lunes una semana con un plato fuerte: la visita del papa Francisco, escenario en que  sectores han amenazado con protestar, ha propuesto como respuesta a las manifestaciones una reforma política a través de un plebiscito. Para la consulta, ha señalado cinco puntos: la financiación de las campañas, el sistema electoral, las suplencias de parlamentarios, las coaliciones partidarias y el voto secreto en las Cámaras. El Congreso ya estudia la reforma, y algunos parlamentarios creen que estará lista para las elecciones de 2018 y no en 2014 como quiere Rousseff.