El tema del aborto es el punto número cinco de la sesión pautada para esta mañana en la Cámara de Diputados, donde se debatirá la polémica propuesta presidencial para despenalizar el aborto cuando peligra la vida de la madre o cuando el embarazo es producto de una violación o incesto, o el feto presenta deformaciones incompatibles con la vida.

Abel Martínez, presidente de la cámara baja, había convocada para hoy a los legisladores sorpresivamente, luego de que sacerdotes católicos y pastores evangélicos se manifestaron esta semana afuera del Congreso para exigir que el proyecto sea rechazado y amenazaron con tomar represalias electorales en los próximos comicios contra quienes lo apoyen.

De su lado, médicos, grupos feministas y organizaciones de derechos humanos también realizaron el miércoles una protesta frente al palacio legislativo para exigir que el aborto terapéutico sea despenalizado.

El Congreso bicameral aprobó en noviembre una reforma al Código Penal que había sido debatida durante 17 años en la que, entre otras modificaciones, incrementa de cinco a 10 años de cárcel la condena a mujeres que aborten y a los médicos que las asistan.

La reforma al Código establece que los abortos no serán considerados un delito sólo cuando respondan a un “estado de necesidad”, pero sin dar mayores detalles.

El presidente Danilo Medina se negó a promulgar la pieza al considerar que por tratarse de condenas graves el código debe precisar con claridad los casos de interrupción del embarazo que no serán objeto de sanción.

Medina sugirió que no sean tipificados como delitos y penalizados los abortos cuando el embarazo pone en riesgo la salud de la madre, sean el resultado de una violación o el feto tenga malformaciones “incompatibles con la vida”.

Aunque no existen cifras oficiales, diversas organizaciones de derechos de la mujer estiman que en el país se realizan unos 82.000 abortos cada año, la mayoría en condiciones insalubres debido a la clandestinidad.