Hoy 
CARMEN MATOS
c.matos@hoy.com.do
Como cada año en estas fechas el tema de las tarifas de los colegios privados vuelve sobre el tapete, respondiendo a las quejas de padres y madres que se resisten a pagar aumentos que consideran excesivos y, en muchos casos, abusivos.
Los centros, que han aplicado aumentos entre 40 y 100% en los últimos ocho años, justifican las alzas alegando que responden al encarecimiento de los servicios básicos, pago de obras de infraestructura y preservación de la calidad educativa que ofrecen.
Mientras los colegios se convierten en centros exclusivos para las clases sociales media alta y alta, las autoridades de educación de los dos últimos periodos gubernamentales observan con brazos cruzados y se limitan a nombrar comisiones y emitir advertencias.
Entre 1961 y el año 2004 la Secretaría de Educación evacuó siete reglamentos para controlar las cuotas de los colegios privados pero ninguno ha sido aplicado; lo mismo ocurrió con la ley 86-00 que autoriza a la cartera educativa a fijar y regular las tarifas de los centros y que fue promulgada por el ex presidente Hipólito Mejía en octubre del 2000.
La legislación, que desató una polémica en la opinión pública nacional al enfrentar al sector empresarial con las asociaciones de padres, la Iglesia y autoridades educativas, se convirtió en obsoleta ante la tardanza del Consejo Nacional de Educación para elaborar el reglamento correspondiente para su aplicación.
En ese contexto se producen las declaraciones de la titular de Educación, Alejandrina Germán, quien luego de reconocer la necesidad de modificar la ley 86-00, ordenó una investigación para establecer cuáles colegios planean aplicar tarifas excesivas en el año 2008-2009.
A sólo días de concluir el año, a los cabezas de familia sólo les queda prepararse ya que los colegios actúan como chivos sin ley.
Las claves
1. Intereses encontrados
Los empresarios ven al control de las cuotas escolares como una violación a sus derechos, mientras que los padres observan una oportunidad defender su bolsillo.
2. Derecho constitucional
El derecho a la educación está consignado en la constitución de la República que en su artículo 8 califica a la educación primaria de obligatoria y un deber del estado.
