BOGOTA (AFP).- Las denuncias sobre una presunta estrategia para frenar la extradición de colombianos a Estados Unidos, detrás de la cual estarían el narcotráfico y los grupos armados ilegales, dispararon las alarmas sobre un tema que se ha convertido en una piedra en el zapato para el gobierno de Alvaro Uribe.

El ministro de Interior y Justicia, Sabas Pretelt, aseguró que «hay todo un movimiento para tratar de entorpecer la extradición», luego de que un comité del Congreso anunciara que se reuniría con varios señalados narcotraficantes presos que fueron requeridos por la justicia estadounidense.

La reunión, programada para este viernes en la cárcel de alta seguridad de Cómbita (centro), fue aplazada por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes argumentando «falta de garantías» a raíz de las críticas que despertó la cita.

La intención de los legisladores de visitar a los presos responde a una denuncia presentada a ellos por los llamados extraditables contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los que acusan de autorizar su envío a Estados Unidos sin evaluar las pruebas que los incriminan.

Al criticar la intención de reunirse, el saliente viceministro de Justicia, Rafael Nieto, afirmó que hay una «coalición» de narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros y «todos los que están asustados» por las revelaciones que puedan hacer los jefes del desarticulado cártel de Cali, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, en caso de ser extraditados a Estados Unidos.

Una advertencia similar fue hecha recientemente por el jefe la Policía Judicial (Dijin), general Oscar Naranjo. «Tenemos evidencias de que se está explorando una alianza entre paramilitares y narcos para combatir la extradición. Creo que van a hacerlo», dijo.

En medio de esas advertencias se conoció que un comité legislativo cambió sustancialmente el artículo sobre la extradición contenido en el código penal, actualmente en proceso de reforma en el Congreso.

Tal modificación obligaría a la Corte Suprema de Justicia a «citar a una audiencia para escuchar y practicar las pruebas solicitadas por el requerido o su defensor», lo que, según juristas, dilataría los procesos y abriría el camino a interpretaciones y presiones.

Pretelt señaló este viernes, sin embargo, que la noche del jueves llegó a un acuerdo con los congresistas ponentes de la reforma al código penal para que se retire dicho inciso y no se modifique el artículo.

El ministro reconoció que «es obvio que tiene que haber muchos intereses tratando de frenar» la extradición, por lo que «hay que estar muy alertas. Tenemos que estar encima del código para evitar que se pueda abrir una rendija que entorpezca» esta figura, anotó.

Nieto aseveró, entretanto, que «era previsible que los extraditables empezaran a mover sus fichas en el Congreso para debilitar o inutilizar la extradición. Lo sabíamos porque teníamos información en ese sentido», dijo.

La extradición, restablecida en Colombia en 1997, se ha convertido en una piedra en el zapato para el gobierno de Uribe, especialmente en lo relacionado con los máximos líderes de los grupos paramilitares de ultraderecha, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, requeridos por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.

Ambos dirigentes condicionan la continuidad del proceso de paz con el gobierno a que se suspendan dichos pedidos, lo cual es rechazado por el Ejecutivo que asegura que el tema no es negociable.

En total 124 órdenes de extradición han sido autorizadas desde el 7 de agosto de 2002, cuando asumió el poder Uribe, lo que supone una cifra récord elogiada por Washington, que provee ayuda militar a Colombia para la lucha antidrogas y contra los grupos ilegales.