LEANDRO GUZMÁN
En la nación dominicana están sucediendo una serie de acontecimientos que nos obligan a reflexionar profundamente y todos los dominicanos sin excepción debemos exponer los problemas y proponer las posibles soluciones. Comencemos por el Congreso Nacional. Como es sabido, pocas horas antes de que los legisladores de la oposición se marcharan a sus casas, al no haber sido reelectos, tomaron una serie de decisiones que constituyen una vergüenza para el Poder Legislativo, considerado el primer poder del Estado.

Con la complicidad de la madrugada, cuando la mayor parte de la población dormía ajena a los graves problemas que gravitan sobre la nación, los señores senadores aprobaron furtivamente un préstamo millonario en dólares para equipar la Policía, al propio tiempo que refrendaban un sospechoso contrato para la no menos discutida y repudiada Isla Artificial, supuestamente a construirse frente al malecón de Santo Domingo.

Cualquiera podría pensar que fue un trueque, pues el mismo Partido al que pertenecen esos senadores se había opuesto a la construcción del Metro, como también a la Isla Artificial. Entonces uno se pregunta, ¿qué fue lo que realmente ocurrió, para que tan de repente esos “hacedores de leyes” cambiaran de opinión? El que quiera especular, que lo haga, siempre tomando en consideración que entre los senadores salientes hay muchos que durante su gestión honraron el Senado y el cargo para el cual fueron electos. ¿Qué pasó también con el Gobierno, cuyos funcionarios envían proyectos sobre los cuales el presidente Fernández ha dicho estar opuesto? ¿Cómo explicar esas contradicciones?

Todo parece indicar que se trata de una jugada política de altos vuelos. En primer lugar, con la decisión de los senadores el Gobierno sale ganancioso, porque de esta manera quienes salen “salpicados” son los senadores salientes, no los que asumirán el 16 de agosto, que son en su gran mayoría los representantes del partido gobernante. En segundo lugar, el nuevo Congreso no tiene ahora que enfrentar ese “archipiélago de intereses” dentro del cual se mueven tanto el Metro como la Isla Artificial.

Cabe suponer que la decisión de los senadores perredeistas agravó la crisis interna dentro de su partido, el principal de la oposición, que parece haber renunciado a los principios que le dieron origen, agudizando así la división existente, provocada por una “tendencia” llamada PPH, que fue la responsable de la humillante derrota electoral del año 2004.

Es ese mismo PPH el que sigue martillando para meter cuña dentro del  PRD, al no permitir que democráticamente surja un candidato que sea representativo de lo que piensan las bases, todo lo cual crea no solamente irritación, sino repudio entre aquellos que todavía piensan que esa organización es fundamental para el mantenimiento de la democracia dominicana. No importa al partido al que pertenezcan.

Otro tema para reflexionar es el de la modificación de la Constitución, que es necesaria para adecuarla a los actuales momentos, modernistas y globalizados. Con ese propósito, el Gobierno seleccionó a trece prestigiosos abogados expertos en asuntos constitucionales, para que elaboren un anteproyecto que refleje el sentir de las mayorías, algo que han prometido los designados, que tienen en agenda consultar a todos los sectores representativos de la sociedad para resumir en un documento vital lo que realmente quiere la población.

Hay quienes dicen que el trece es un número de mala suerte, de modo que la cifra de quince podría fortalecer todavía más la labor de los comisionados, puesto que en el país existen muchos expertos en Derecho Constitucional que no fueron tomados en cuenta. ¿No sería útil también consultar a abogados de cada una de las provincias que, aunque no sean expertos en Derecho Constitucional, sí tienen que ver con sus respectivas especialidades, como por ejemplo Derecho Penal y Derecho Civil, las dos grandes sombrillas, bajo la cual se amparan otras ramas, como por ejemplo Derecho Criminal, Derecho de Familia, de Tránsito, Comercial, etc.?

Los comisionados para reformar la Constitución no deben olvidar el punto fundamental, que es la participación del pueblo que elige a sus representantes. En ese sentido, deben crear en la nueva Constitución las figuras de la Asamblea Constituyente, única y exclusivamente para modificar la Carta Magna, la cual deberá incluir el Referéndum y el Plebiscito.

Sabemos que no es muy fácil la tarea que tienen por delante los comisionados, a la hora de hacer los recomendaciones pertinentes para modificar la Constitución. Pero, por más difícil que sea, dicha tarea es impostergable.

La Historia, que es soberana, juzgará con justicia e imparcialidad a los prestigiosos ciudadanos bajo cuyos hombros descansa hoy el futuro jurídico principal de las instituciones nacionales.