POR GERMAN MARTE
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) expresó ayer su preocupación porque más de 500 refugiados políticos haitianos residentes en República Dominicana podrían ser repatriados en medio de lo que definió como deportaciones «masivas e indiscriminadas».

Sandrine Desamours, consejera jurídica del ACNUR, dijo que el gran temor de ese organismo es que aquellos refugiados que no tengan sus documentos podrían ser arrestados en medio de las redadas y deportados hacia Haití, aunque ellos residen legalmente.

Tras recalcar su preocupación por las deportaciones masivas, la funcionaria subrayó que la protección más importante para un refugiado es la garantía de que no será deportado hacia aquel país donde su vida corre peligro. Dijo que muchos refugiados haitianos no han podido obtener documentos en República Dominicana o los han perdido.

Dijo que desde los años 80 al menos 500 haitianos viven legalmente en República Dominicana y tienen status de refugiados, pero como a muchos no les han sido renovados los documentos si son apresados en la calle, los pueden mezclar y deportar.

Añadió que en varias ocasiones han sido informados de la detención de refugiados y «por suerte» han logrado intervenir a tiempo, pero advirtió que podría ser que no les dé tiempo de avisar y los deporten hacia Haití, poniendo en peligro sus vidas.

LA DENUNCIA

Ayer 15 organizaciones defensoras de los emigrantes haitianos denunciaron ayer que en los últimos dos meses las autoridades dominicanas han incrementado la represión en contra de los haitianos residentes en el país, a la vez que han recrudecido las repatriaciones de forma «indiscriminada».

Según la denuncia de las entidades defensoras de los inmigrantes haitianos, en lo que va de año más de 20 haitianos ilegales han sido repatriados hacia Haití, pero ha sido de septiembre en adelante cuando se ha registrado el mayor número de deportados hacia Haití.

Las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes haitianos reconocen el derecho que tiene el país a deportar a los inmigrantes ilegales, pero consideran que las repatriaciones deben hacerse sin atropellos y respetando los derechos humanos de los implicados. Dijeron que a los haitianos que son detenidos no se les permite ni siquiera hacer una llamada a sus familiares, y si tienen celulares se los quitan para que no puedan comunicarse con sus parientes.

La Asociación de Inmigrantes Dominico-Haitiano, la Unión de Trabajadores Haitianos por la Educación, Fundación para el Desarrollo Social Dominico- Haitiano, y la Asociación por el Respeto a la Dignidad Haitiana y otras once organizaciones defensoras de los inmigrantes haitianos afirmaron en rueda de prensa en el Servicio Jesuita a los Refugiados y Migrantes que en muchos casos los inmigrantes son apresados en horas de la noche «aunque tengan permiso de residencia.

De acuerdo con las entidades, en ocasiones a los haitianos les confiscan sus documentos para luego justificar su repatriación. Incluso, dijeron, a algunos les han robado fuertes sumas de dinero y otras pertenencias.

Además, señalaron, se producen allanamientos por parte de inspectores de Migración a residencias donde viven inmigrantes haitianos, en violación al Protocolo de Entendimiento firmado en 1999 por el entonces presidente haitiano René Preval y el presidente Leonel Fernández.

Labranche Jean Alland y Francis Faroutine, voceros de los denunciantes, dijeron que inmigrantes haitianos que se dedican a actividades comerciales lícitas son esperados por agentes policiales al terminar su jornada laboral en diferentes sectores de Santo Domingo y «bajo amenazas de que serán deportados son despojados de los recursos obtenidos en la venta del día». Indicaron que estos casos se producen en casi todo el país, pero sobre todo alrededor de los destacamentos de Villa Francisca y Barrio Nuevo, en Los Frailes.

También, «en el destacamento de Barrio Nuevo, en el sector Los Frailes, los policías cobran RD$300 y RD$500 a inmigrantes haitianos para dejarlos en Libertad».

Otra práctica en contra de los haitianos que residen  el país, según las entidades, es que los ingenieros contratistas se niegan a pagarles sus salarios, después de que cumplen con su jornada de trabajo, supuestamente porque que son ilegales.

Cada vez que un haitiano es detenido tiene que pagar entre tres y cuatro mil pesos, sin importar si tiene documentos legales o no, «y los que no lo pagan son trasladados inmediatamente a la frontera».