POR LEONORA RAMÍREZ S.
Aunque para algunos políticos son insuficientes los RD$593.7 millones que dispuso la Junta Central Electoral (JCE) para la campaña proselitista de este año, el jurista Julio César Castaños Guzmán consideró que el  incremento progresivo de la contribución del Estado, y del sector privado,  podría convertir a esas entidades en empresas políticas.

“Tanto dinero le puede hacer daño a los propios partidos, porque los puede burocratizar demasiado, y el uso de tantos recursos contribuye al ejercicio de un poder, por lo que terminarían como instituciones desvirtuadas con relación a su origen.

“Se desnaturalizarían por el uso intensivo del dinero, porque no guardarían el aliento inicial que les dio nacimiento, que fueron actos patrióticos, entonces se convertirían en empresas políticas”.

Para el exjuez de la JCE si a largo plazo persiste un financiamiento sin control, esa situación terminará destruyendo al sistema de partidos del país.

En ese sentido, argumentó que el manejo de tantos ingresos es una tentación, y si no hay controles ni racionalidad en el gasto los partidos pasarían a ser centros de empleo.

“Eso termina fomentando el “zanganismo” político, los zánganos voraces de una burocracia que se lo come todo y no produce nada, y eso desvirtúa los propósitos iniciales de los partidos”, dijo Castaños Guzmán. De acuerdo con la Ley Electoral 275-97 reciben el 80% de los fondos que, la JCE entrega a los partidos para sus campañas, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), y el 20% se distribuye entre los partidos minoritarios.

Para los comicios congresionales y municipales de este año esos partidos percibirán, respectivamente, RD$158.3 cada uno porque la Ley establece que se les entregue la misma proporción.

SUBVENCION IN CRECENDO

El financiamiento del Estado aumenta progresivamente en virtud de la propia Ley electoral, la cual establece que se dispondrá del 0.50% del Presupuesto de Gastos Públicos para las campañas electorales de los partidos.

De hecho, en  las elecciones congresionales y municipales de 1998 la JCE dispuso de RD$174.2 millones, en las del 2002 de RD$296.5 millones, y para el 2006 de RD$593.7.

Desde esa perspectiva Castaños Guzmán entiende que los partidos tienen que ajustar sus gastos, y no deben recibir más de lo consignado por la Ley.

“Es más, debe haber rendición de cuentas porque se trata de fondos públicos, de dinero que paga el contribuyente, y cada vez que entregas esas partidas dejas de hacer una escuela, de pagarle a un maestro, o de atender a  un enfermo.

“Pero como hay  un desquiciamiento en el gasto de la campaña electoral, y no hay control en esos presupuestos, eso va creciendo y cuando vienes a ver lo que tenemos es un delirio colectivo en el gasto electoral,  por lo que el costo de la democracia nos esta saliendo muy alto”.

Su  propuesta es que se implemente un régimen mixto en el que el Estado concurra en auxilio de los partidos, siempre y cuando esos fondos estén debidamente auditados, y especializados por partidas para la campaña electoral, para la burocracia y educación política.

LO QUE DICE LA LEY

El artículo 47 de la Ley 275-97 dice que todos los actos de cooperación, asistencia o contribución económica a los partidos son función exclusiva de las personas naturales y jurídicas, nacionales privadas, por tanto sólo se considerarán como ingresos lícitos de los partidos los donativos o contribuciones que provengan de estas.

Y será ilícita la intervención directa o indirecta del Estado, de cualquiera de sus departamentos, dependencias u organismos autónomos o descentralizados, o de empresas que caigan dentro de la aplicación de la Ley de Inversión Extranjera, de los ayuntamientos o de entidades dependientes de estas.

Tambien es ilícito, si proviene de gobiernos extranjeros, el sostenimiento de los partidos o el financiamiento de sus campañas. Tal intervención, sea cual fuere la forma en que se produzca, constituye presunción de entendimiento con los partidos y sus candidatos en beneficio de  los interesados de esas entidades.

Tambien se les prohíbe a los partidos, dirigentes, militantes y relacionados, recibir exoneraciones o regalos de parte de cualquier poder del Estado, así como beneficiarse directa o indirectamente de los recursos y medios que pertenezcan a este para realizar sus actividades proselitistas.