El senador por Barahona, Sucre Muñoz, advirtió al gobierno que si no se conceden compensaciones al sector azucarero, sería total el colapso de la industria azucarera  nacional y en especial, la que perteneció al Consejo Estatal del Azúcar (CEA). Explicó que luego del proceso de capitalización y arrendamiento de sus factorías, apenas sobreviven tres ingenios estatales, que son Azucarera Consuelo, en el Este; ingenio Boca Chica, e ingenio Barahona, en el Sur.

El legislador considero que si el presidente Leonel Fernández no accede a las peticiones para que se le reduzca el monto del pago del arrendamiento anual que pagan los ingenios arrendados, el cierre de las factorías azucareras será inminente, y con ello se aumentara el nivel de desempleo en esas provincias y en el país.

Observo que de 12 centrales azucareros que administró el CEA durante tantos años apenas quedan Barahona, Consuelo y Boca Chica, ya que por los altos costos operacionales, las pérdidas acumuladas, y ahora los efectos que provocara el Tratado de Libre Comercio sobre la industria azucarera, ya cerro sus puertas el Consorcio Cañabrava que arrendó los ingenios de la costa norte del país.

El congresista Muñoz demando del gobierno, y en el caso particular, del presidente Fernández, que de respuesta lo antes posible a  una resolución aprobada por el Senado en la que se le  solicita al Poder Ejecutivo “disponer la renegociación de los contratos de arrendamiento de los ingenios del Estado, entre el Consejo Estatal del Azúcar y los arrendatarios, para que le sea reducido el monto del arrendamiento anual, bajo las condiciones que de mutuo acuerdo decidan las partes como medida compensatoria por las perdidas acumuladas de varios años y por los efectos negativos del TLC sobre el sector azucarero dominicano”.

La resolución fue aprobada por el hemiciclo senatorial el pasado 7 de diciembre del 2004, pero hasta la fecha las autoridades del Poder Ejecutivo no han dado respuesta, explicó.

Al agotar un turno en la sesión del martes 8 de este mes del Senado de la República en la que el  legislador se refirió a varios temas nacionales, enfocó el peligro de que los ingenios Barahona y Consuelo cierren sus puertas, terminando de quebrar la industria azucarera que perteneció al Estado, generando con ello a la vez, la pérdida de miles de empleos que estas empresas sustentan a pesar de las dificultades.

En su exposición, el legislador dijo que los habitantes de la provincia de Barahona les preocupan el hecho de que es una de las regiones con mayor índice de desempleo, luego de haber sido rica y ahora se debate en la total y absoluta calamidad publica.

Agregó: “Hemos oído que hay una amenaza acerca de lo que es la continuidad de esos contratos de arrendamiento por el hecho de que esas empresas no resisten los altos costos de mantenimiento, ni resisten el alto tributo que tienen que pagar en los impuestos y por las cargas que se derivan de los contratos mismos”.

Recordó el senador por Barahona que uno de los congresistas sometió un proyecto de resolución solicitando que se establezca una vía de renegociación a fin de que los ingenios arrendados por esas empresas privadas puedan ser reconsiderados y que bajo nuevas condiciones para reducir el monto de esos arrendamientos anuales, esas empresas puedan sobrevivir.

Sucre Muñoz señalo que el cierre del ingenio Barahona significa la pérdida de miles de empleos y de la única fuente importante de empleos que existe en la provincia de Barahona.

Recordó que en el marco de la del Dialogo Nacional que tiene como arbitro a la iglesia católica, representada por monseñor Agripino Núñez, en una declaración conjunta, decidió el “apoyo al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana” en cuya declaración los delegados del dialogo expresan su apoyo a que el Congreso eliminara el impuesto selectivo del 25% a los productos que usen sirope de maíz, pero a la vez “se comprometen a explorar y apoyar iniciativas legislativas o administrativas que sirvan de compensación interna a la industria azucarera y su proceso de diversificación, de modo que esta siga siendo un componente vital de la economía dominicana”.

La declaración conjunta, fue firmada el 2 de diciembre del 2004 por los delegados del Partido Revolucionario Dominicano en el dialogo nacional, Tony Raful, Rafael Suberví Bonilla y Julio Mariñez, también por los representantes del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, Danilo Medina y Franklin Almeida Rancier, así como por los reformistas Federico Antún Batlle, Johnny Jones y Amable Aristy Castro, siendo el testigo monseñor Agripino Núñez.

El director del CEA, Enrique Martínez, hizo varias reuniones  a principio de febrero con representantes de los ingenios privatizados para buscar formulas que permitan fortalecer ese proceso y hacer empresas mas productivas.