POR GERMAN MARTE
La irresponsabilidad de varias instituciones del gobierno podría llevar al nuevo Sistema de Seguridad Social a la misma situación en que cayó el viejo Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), que terminó quebrado, advirtió ayer el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS).

Rafael –Pepe- Abreu dijo que en el caso del IDSS la ley establecía que el Estado tenía que poner el 2.5% a la cuenta que pagaban los trabajadores y los empresarios, «y resultó que ni un solo de los gobiernos cumplió con ese compromiso».

Abreu calificó como «estremecedora», la denuncia de que varias dependencias del Estado adeudan más de RD$3,900 millones al Sistema Dominicano de la Seguridad Social.

Sostuvo que fueron los gobiernos y los empresarios quienes llevaron a la quiebra al IDSS. Los gobiernos de turno no ponían la parte del dinero que les correspondía aportar.

 Ellos nombraban una excesiva cantidad de empleados; mientras que en base a la corrupción imperante en la institución, muchos empresarios lograban excluir una gran cantidad de trabajadores, y por tanto no cotizaban al IDSS.

Otras veces, los empresarios acumulaban grandes deudas, hasta que se hacían «impagables» y efectivamente terminaban no pagándolas. Se trataba de dinero que le descontaban al trabajador, pero que no reportaban al seguro, recalcó Abreu.

Indicó que fruto de esa situación, hay más de 50 mil personas de edad avanzada, que se pasaron la vida pagando el Seguro Social en empresas estatales como el CEA y Pidoca, Textil Los Mina y otras, pero que cuando van a reclamar su pensión se encuentran con que no tienen las cotizaciones suficientes, porque sus patronos no reportaron al Seguro. Lo mismo ocurre con muchos ex empleados privados.

El presidente de la CNUS dijo que corresponde a la Seguridad Social determinar qué va a hacer con esas personas. «Esa es otra de las cargas que el Estado tiene que asumir, por esa irresponsabilidad tradicional», subrayó el sindicalista.

En el viejo sistema eso se explica, dijo Abreu, pero no ahora, cuando se supone que hay separación de funciones, una tesorería de sistema de Seguridad Social, que tiene la obligación de cobrarles a las instituciones públicas y privadas.

La ley de Seguridad Social establece que el funcionario que deje de entregar las cotizaciones al Seguro Social es sujeto de degradación civil (sujeto de cancelación), en tanto que el empresario que también lo hiciere es sujeto de multas y prisión, por lo que no se justifica que se repita una acción como la denunciada a través del programa Nuria en el 9 y confirmada por Arismendy Díaz Santana, gerente general del Consejo de la Seguridad Social. Según la denuncia, el gobierno adeuda al SDSS unos RD$3,960 millones a pesar de que los recursos les fueron descontados «religiosamente» a los empleados públicos de unas diez secretarías de Estado y el Ayuntamiento del Distrito Nacional.

Pepe Abreu manifestó que el Estado debe ser el primero en dar el ejemplo, logrando que estas instituciones se pongan al día con la Seguridad Social, luego, las empresas privadas también deben ponerse al día.

El Seguro Social siempre ha tenido un déficit enorme, al punto que el gobierno central ha tenido que hacerse cargo de la nómina. Y acorde con el presidente del CNUS, uno de los objetivos del nuevo sistema de Seguridad Social debe ser superar esas ineficiencias.

Ahora que el Consejo de la Seguridad Social comienza a regularizarse, expresó Abreu, el primer paso de la CNUS será llevar ante ese organismo el tema de las cotizaciones de las instituciones del gobierno que tienen atrasos por casi cuatro mil millones de pesos. No obstante, si no hay salida en el Consejo, hay que proceder judicialmente contra los empleadores.

En el caso de los funcionarios públicos, los mismos podrán ser despedidos, mientras que en el caso de los empleadores privados, las sanciones van desde el pago de multas equivalentes a 20 salarios mínimos hasta dos años de prisión.