LA PAZ (EFE).- Los rumores de golpe de Estado planean nuevamente sobre Bolivia a raíz de los últimos atentados con dinamita, que han traído a la memoria colectiva situaciones vividas antes de 1982, cuando se restauró la democracia en el país. El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Osvaldo Peredo ha visto una notable similitud entre los últimos acontecimientos y la ola de violencia previa al sangriento golpe de Estado del general Luis García Meza (1980-1981), el último asalto por la fuerza al poder en Bolivia.

   Sintomáticas son también las palabras del Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, quien el miércoles se apresuró a lanzar un alegato en defensa de la democracia, de la que dijo que «es tan fuerte, madura y legítima, que ningún acto de esa naturaleza va a lograr desvirtuarla».

   Pese a no causar daños personales, las recientes acciones, la última de las cuales se produjo el martes por la noche contra el Ministerio de Defensa, han logrado su objetivo de generar inestabilidad, advierten las autoridades.

   A las detonaciones con dinamita se ha unido además la denuncia lanzada por el líder de los campesinos cocaleros y del Movimiento Al Socialismo, Evo Morales, contra presuntos planes golpistas de la Embajada de Estados Unidos, para sustituir al presidente Carlos Mesa por el presidente del Congreso, Hormando Vaca Díez, del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria.

   El embajador estadounidense David Greenlee desmintió la acusación y calificó de «pavadas periodísticas» las versiones sobre las malas intenciones políticas contra el mandatario.

   No obstante, el enfrentamiento entre el gobernante, un periodista e historiador independiente, y los grupos políticos es más que evidente desde que asumió el mando el 17 de octubre del 2003, y las especulaciones sobre intentonas sediciosas se han escuchado de forma constante desde principios de año.

   En su calidad de vicepresidente, Mesa accedió al poder por sucesión constitucional del dimisionario Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), quien no pudo frenar una violenta revuelta social, cuyo telón de fondo fue el choque entre las clases populares y la elite política y que puso en serio riesgo la democracia nacional.

   La analista Jimena Costa consideró en una entrevista en televisión la posibilidad de que los recientes ataques partan de algún «grupo político con intenciones de generar incertidumbre».

   En ese sentido, se refirió al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), de Sánchez de Lozada, y un comunicado que publicó hace unos días en la prensa contra Mesa, por un supuesto incremento de impuestos incluido en el plan de presupuesto general para 2005.

   Este fue justamente el motivo del primer conflicto que hizo tambalear a Sánchez de Lozada en la presidencia, en febrero de 2003.

   Costa también se sorprendió por el inusitado interés del bloque «emenerrista» en la Cámara de Diputados en que se apruebe una reforma petrolera de tintes nacionalizadores, impulsada por el MAS y que paradójicamente reemplazará a la normativa dictada por Sánchez de Lozada en su primer mandato (1993-1997).

   El proyecto de nueva Ley de Hidrocarburos del Parlamento ha sido criticado abiertamente por Mesa, al que los legisladores rechazaron un plan original del Ejecutivo, definido por el jefe de Estado como una «nacionalización responsable».

   El objetivo del Gobierno es evitar la salida de las empresas que pretenden exportar las reservas de gas, las segundas en volumen de Sudamérica, por detrás de Venezuela.

   Como respuesta a las acusaciones contra el MNR, el parlamentario de esta bancada Edgar Zegarra defendió la tesis de que las explosiones responden a un «auto-atentado» del propio gobernante, para lograr el respaldo del que carece en el Congreso, donde no tiene representación alguna.

   Otras hipótesis sugeridas apuntan a un grupo de oficiales del Ejército descontentos, a elementos subversivos o, incluso, al interés de generar incertidumbre para desvirtuar las elecciones municipales del 5 de diciembre, donde se pronostica una notable caída de los partidos políticos tradicionales, como el MNR y el MIR.

   Un sinfín de versiones que, pese a la madurez democrática mostrada hace poco más de un año, no hacen más que alimentar la todavía alargada sombra de la dictadura en Bolivia. EFE