RÍO DE JANEIRO
Allanamientos, pinchazos telefónicos, delaciones premiadas y condenas por corrupción están limpiando los establos del poder en Brasil, aunque muchos temen tribunales acaben por convertirse en amos y señores de una democracia desfigurada.
El avance desde hace tres años de la Operación Lava Jato, sobre los sobornos en Petrobras, tiene contra las cuerdas al presidente Michel Temer y amenaza con llevar a la cárcel al exmandatario Lula da Silva.
Los principales ministros de Temer y decenas de legisladores son investigados. Y al juez de primera instancia Sergio Moro no le tiembla el pulso para dictar duras condenas contra personas que en su momento tuvieron en sus manos el destino del país.
Para Daniel Vargas, profesor de derecho público de la universidad Fundación Getulio Vargas (FGV) de Rio de Janeiro, los juristas que desmontan redes criminales enquistadas en el Estado «tienen un protagonismo político innegable» y «consiguen pautar la agenda política más que nadie». Comparten además «una visión de país, con un enemigo: la política, que en su visión está infestada por la corrupción», dijo Vargas.