Temen que se prolongue debate sobre la reforma

Temen que se prolongue debate sobre la reforma

El debate sobre la reforma tributaria se prolongará hasta meses después de la toma de posesión de las nuevas autoridades el 16 de agosto, trascendió ayer en círculos económicos del país.

De acuerdo a lo informado, prácticamente se descarta que la reforma pueda ser aprobada antes del 16 de agosto, como preferían algunos sectores nacionales y del exterior, en el entendido de que esta manera el nuevo gobierno arrancaba con el acuerdo con el FMI reencauzado.

La esperanza de que la reforma fuera aprobada antes del 16 de agosto fue reforzada con el pacto firmado entre el presidente Hipólito Mejía y el presidente electo Leonel Fernández, con la mediación del ex-presidente del gobierno español Felipe González y de monseñor Agripino Núñez Collado.

Se explicó que esa esperanza se ha estado diluyendo en la medida en que han pasado los días y en que crecen los cuestionamientos a la reforma presentada por el gobierno entrante y el presidente Mejía ha tomado distancia sobre el destino de la reforma en el Congreso Nacional y ha limitado su compromiso a la presentación del proyecto a las cámaras legislativas, lo cual ya hizo.

La reforma fiscal es una condición crucial para que se restablezca el acuerdo con el FMI.

Sectores privados con gran poder de cabildeo objetan aspectos importantes de la reforma y algunos de ellos están trabajando en la presentación de propuestas alternativas a la presentada por el equipo del gobierno entrante, trascendió.

Según se informó, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) no está de acuerdo, en términos generales, con la reforma presentada, porque la considera muy fiscalista.

Igualmente, se informó que el grupo León Jiménes, ya que ya hecho objeciones públicas a la reforma propuesta, ha contratado a economistas internacionales para trabajar en un proyecto de modelo de reforma tributaria diferente al presentado.

También el sector financiero objeta el establecimiento de un impuesto de a los intereses que paga por los depósitos y a una disposición que le obliga a informar a la administración tributaria las transferencias de fondos de sus clientes al exterior.

Esta situación se produce en momento en que está pendiente una definición de la situación del país con respecto al servicio de la deuda externa.

En el marco del suspendido acuerdo con el FMI se determinó que el país iba a tener una brecha financiera de unos 100 millones de dólares en su cuenta externa aun cuando se consiguiera la renegociación de la deuda externa con el Club de París.

El país renegoció su deuda con el club del París, pero la ejecución del acuerdo depende de que consiga refinanciar con el sector privado los 100 millones de dólares que quedarían pendientes para completar la brecha financiera.

Hoy se cumple el plazo para que el país rinda un informe al Club de París sobre los avances logrados sobre el particular, sin que todavía se haya identificado cómo se va a resolver el problema de la brecha financiera.

Según ha trascendido, el Club de París tiene una posición poco flexible en este aspecto, sobre todo porque el acuerdo con el FMI sigue suspendido y su restablecimiento también es una condición para que no sea caiga la renegociación.

No obstante, todavía el país tiene hasta el próximo mes de octubre para resolver este problema.

[b]Condiciona impuesto a ahorros[/b]

El establecimiento de un impuesto a los intereses generados por los depósitos debe ser condicionado a que se aplique en base a la tasa de interés real, no nominal, afirmó el economista Luis H. Vargas.

Vargas explicó que de esta manera sólo aportarían fisco los tenedores de depósitos que obtienen beneficios reales, tras ser descontado el impacto de la inflación.

En el cambio, el impuesto no se aplicarían a los depósitos que dejen pérdidas a sus tenedores, al éstos recibir una tasa de interés real negativa.

Por ejemplo, señaló que los tenedores de certificados de participación colocados por el Banco Central, que devengan una tasa de interés de 60 por ciento, sólo pagarían el impuesto sobre un 10 por ciento de los intereses devengados si la tasa de inflación fuera del 50 por ciento en el año.

En cambio, los depositantes que tienen certificados financieros en los bancos comerciales, cuyas tasas de interés rondan el 30 por ciento, no pagarían el impuesto debido a que la tasa de interés real que reciben es negativa en un 20 por ciento, comparada con la tasa de inflación de 50 por ciento.

Consideró que sería oneroso que se obligue a pagar el impuesto a los depositantes de las asociaciones de ahorros y préstamos, que sólo obtienen una tasa de interés de alrededor de 5 por ciento, ya que estos tienen pérdidas porque reciben una tasa de interés negativa de 45 por ciento.

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