POR ALEIDA PLASENCIA
La Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI) denunció que numerosos proyectos habitacionales se encuentran paralizados por una situación de lentitud y excesiva burocracia para la emisión de permisos de construcción en la Secretaría de Medio Ambiente.

El presidente de ACOPROVI, licenciado José Rodríguez Cáceres, manifestó que los permisos de construcción, que no deberían demorarse más de un mes luego de solicitados, están tardando hasta 11, lo que dijo está provocando atrasos en el desarrollo de las obras.

Explicó que la Secretaría aplica una serie de procedimientos y trámites burocráticos que hacen muy lento el proceso para la concesión de permisos de construcción, situación que dijo está desincentivando a los constructores.

«Eso va a generar que haya menos urbanizaciones en los próximos años», sostuvo Rodríguez Cáceres, en declaraciones para HOY.

Dijo que la Secretaría de Medio Ambiente exige una serie de requisitos para recibir un estudio de impacto ambiental, incluyendo reunir a personalidades de la zona de que se trate, para determinar si alguien se opone a la construcción de la obra en proyecto.

Rodríguez Cáceres dijo entender que la Secretaría de Medio Ambiente tiene que hacer cumplir las leyes, “pero también hay que buscar la forma para que el país pueda seguir trabajando».

Pidió al secretario de Medio Ambiente, doctor Max Puig,  que tome cartas en este asunto y tome conciencia de que la construcción de viviendas y de obras en general, es una prioridad nacional.

Pidió que el secretario de Medio Ambiente realice una reunión con representantes de ACOPROVI «para que podamos exponerles los diferentes problemas y que busque soluciones para que el país pueda seguir trabajando».

La Secretaría de Medio Ambiente «no debe parar el progreso del país», sostuvo Rodríguez Cáceres.

Dijo que ACOPROVI ha tratado de conseguir una cita con Puig para tratar el problema en cuestión, pero que el funcionario «no nos ha atendido».

Consideró importante que se logre un diálogo fluido entre los constructores y la Secretaría de Medio Ambiente, a los fines de que se busque solución a este problema.

En otro orden, Rodríguez Cáceres se quejó de que al pararse la extracción de agregados, por orden de la Secretaría de Medio Ambiente, se está también contribuyendo a paralizar al sector construcción.

 No obstante, recordó que la ley hay que cumplirla, pero que hay que buscar la forma de que el país siga trabajando en la construcción de las obras que se necesitan.

Sostuvo que lo que hace falta con relación a los temas planteados, es un diálogo, a fin de lograr que a la vez que se cumpla la ley, también se pueda continuar trabajando.

Rodríguez Cáceres también se refirió a la propuesta de reforma fiscal sometida recientemente al Congreso y expresó preocupación porque en ella se penaliza al sector construcción.

 Esto es, dijo, porque «al establecer una exención (impositiva) hasta RD$5 millones, se crea un impuesto a la producción de viviendas».

En ese sentido explicó que hasta el solar para la construcción de una obra cuesta más de RD$5 millones, lo que «quiere decir que nos están gravando por producir viviendas», expresó.