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Washington (EFE).- Con la confusión electoral de Florida de 2000 aún en la memoria, republicanos y demócratas intensifican sus acusaciones recíprocas de fraude en los métodos de registro de electores y de recuento de votos para las elecciones de noviembre.
A menos de tres semanas para los comicios, las encuestas apuntan a un empate entre el presidente de EEUU, George W. Bush, y su rival demócrata, John Kerry.
Ello hace que cada voto cuente y que cada campaña trate de arañar los máximos posibles de donde sea. Además, abona el terreno para las suspicacias en torno al recuento y al censo electoral.
Los dos principales partidos ya comenzaron a movilizar a abogados simpatizantes para que el próximo 2 de noviembre acudan a los tribunales en caso de la más mínima disputa.
Aunque en cada elección la denuncias de fraude son moneda corriente, este año esas quejas se han planteado mucho antes y están mucho más extendidas que en citas electorales anteriores.
A diferencia de otros países donde la inscripción es automática, en EEUU los ciudadanos tienen que registrarse previamente para votar.
El Comité Nacional Republicano, el órgano directivo del partido que encabeza Bush, denunció la existencia de un memorándum demócrata de 66 páginas que insta a querellarse en caso de resultados desfavorables el día 2 y a denunciar supuestos intentos republicanos de bloquear el voto de las minorías, que tienden a inclinarse por los demócratas.
Según el presidente del Comité, Ed Gillespie, el manual demuestra que «los demócratas están más interesados en asustar a los votantes de las minorías que en intentar convencerles de cara a las elecciones, aunque ello requiera inventarse cosas».
Por su parte, un portavoz de la campaña de Kerry, Jano Cabrera, aseguró que los extractos del documento están sacados de contexto y defendió la necesidad de «denunciar los trucos sucios cuando tengan lugar».
Las denuncias, de uno y otro bando, se han extendido por varios estados. En Arizona, la directora de la Organización No Gubernamental (ONG) «Arizona Project Vote», Debbie López, denunció posibles presiones para impedir el voto de las minorías.
López dijo conocer un plan para pedir identificación a los votantes de color en las zonas fronterizas» e intimidarlos así para que se den la vuelta y no voten.
Una empresa contratada por el Partido Republicano en Nevada para registrar votantes fue acusada por un ex empleado de tirar a la basura los formularios de votantes que se declaraban demócratas, algo que negó la firma, que también opera en Oregón, Virginia Occidental, Pensilvania y Minesota.
En Colorado, el gobernador del estado, Bill Owens, republicano, ordenó que se investiguen centenares de nuevas inscripciones sospechosas en el censo.
El alcalde de Milwaukee (Wisconsin), el demócrata Tom Barrett, pidió que se impriman casi un millón de papeletas electorales, un número muy por encima del de las elecciones anteriores.
El responsable del condado, Scott Walker, republicano, rechazó la solicitud con el argumento de que un número excesivo de papeletas podría facilitar el fraude.
En la mente de todos está lo sucedido en Florida hace cuatro años, cuando Bush se hizo con la victoria por poco más de 500 votos en ese estado, tras un polémico proceso de recuento que duró 36 días y acabó en el Tribunal Supremo.
Cuatro años después, el Centro Carter, que encabeza el ex presidente de EEUU Jimmy Carter y que supervisa la limpieza de elecciones en el extranjero, advirtió de que las condiciones en ese estado siguen sin garantizar unos comicios justos.
Varias ONG en ese estado han pedido a la Comisión de Derechos Civiles la investigación de episodios «destinados a causar confusión y bloquear el voto» de minorías.
Según declaró al periódico «USA Today» Doug Chapin, director de Electionline.org, un sitio de internet que supervisa el proceso electoral, «mientras más gente se dé cuenta de que un puñado de votos puede tener un impacto muy grande, más agresivamente van a combatir» los dos partidos.
«Mientras más próximos estemos a las elecciones, vamos a oír más casos de estos», aseguró.
