De 193 homicidios que se registraron en el país en el año 2015 como consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado 177 fueron cometidos por miembros de la Policía, por cuyo “exceso de autoridad, agresión física y amenaza de muerte” 764 agentes fueron sometidos a la justicia.
Así lo revela el informe “Actuaciones Irregulares de la Policía Nacional en el Ejercicio de sus Funciones” presentato ayer por Participación Ciudadana, en un acto en el que salió a relucir que por temor la gente no denuncia esos abusos.
Medidas aplicadas. Indica que producto de las malas acciones cometidas por policías durante el citado año, la Dirección de Asuntos Internos de la institución aplicó un total de 1,882 medidas de control, siendo el 75% de ellas (513) cancelaciones por actos de corrupción.
Otros 496 (51%) fueron sancionados por excederse en el uso de su autoridad en sus labores de prevención y persecución del delito, el 21% de ellos prestaron un servicio irregular no acorde con los protocolos establecidos, y el 13% utilizó la violencia física incompatible con sus funciones.
Policías “rasos”. Los rasos constituyen el mayor porcentaje de los cancelados por actos de corrupción (53), y de sancionados (29%), seguido de “sargentos” (15%) con respecto a las separaciones definitivas del servicio, de acuerdo con el informe elaborado con datos suministrados por la propia institución policial.
Resalta que en República Dominicana la Policía mantiene una actitud condescendiente “que se manifiesta en el lenguaje de justificación e impunidad” con que se identifican estas ejecuciones arbitrarias de ”antisociales caídos por la acción policial”.
Afirma que esa forma de referirse a la ciudadanía en documentos oficiales “resulta gravemente atentatoria contra la dignidad humana”, además de violar los derechos fundamentales a la presunción de inocencia y el debido proceso.
Ministerio Público y ONDP. El informe señala que el Ministerio Público, que por Ley está obligado a emprender una investigación cuando se le notifican hechos que podrían constituir delitos graves, “en la práctica, si la víctima o sus familiares no presenta una denuncia formal, es muy improbable que se investiguen las irregularidades de la actuación policial”.
En cuanto a la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP) ésta justificó su falta de actuación de oficio en la ausencia de denuncia formal, trasladando la carga de la prueba a las partes.
Temen denunciar. “Hay violaciones de derechos fundamentales en los destacamentos, lo que sucede es que los afectados no quieren hacer las denuncias en conjunto con la defensa Pública porque tienen mucho temor…”, dice la ONDP, según el informe.
Indica que en el 2015 esa oficina recibió algunas denuncias reiteradas de maltrato a ciudadanos detenidos en operativos realizados por la Policía y la DNCD, “pero casi nunca los usuarios conocen el agente actuante en la arbitrariedad denunciada”.

Agrega que el año pasado en la ONDP se tramitaron 25 reclamaciones contra el Ministerio de Interior y Policía, la AMET y la Policía, denunciando actuaciones de sus funcionarios que lesionaban la libertad y la vida de personas, la seguridad jurídica y personal, la libertad de expresión y manifestación, y el libre tránsito .
Recomendaciones. Participación Ciudadana destacó la importancia de aprovechar la Ley No. 590-16 para emprender una reforma estructural de modelo y cultura de actuación en el que primen la profesionalización y la recuperación de la confianza ciudadana.
Para eso, dice, la institución debe caminar “hacia una Policía de proximidad con enfoque comunitario, orientada a la solución de problemas para prevenir el delito, más visible a la ciudadanía y respetuosa de los derechos humanos”.
Seis desafíos. Para lograr el control efectivo y democrático de las actuaciones irregulares de las fuerzas de seguridad del Estado, recomiendan: fortalecer la transparencia de las instituciones de la seguridad ciudadana, facilitando a tiempo los documentos públicos a la ciudadanía para sus labores de monitoreo y el control disciplinario interno para erradicar las prácticas corruptas de los agentes.

Democratizar la depuración policial, trasladando a la justicia todos los casos que constituyan violación de las leyes, y superar el secretismo e impunidad de la institución policial.

Fomentar un cambio de cultura en la que primen el respeto a la integridad personal y material, y regularizar el uso ilegítimo de la fuerza y el abuso de autoridad.

Asimismo, recomienda “exigir” al Ministerio Público el cumplimiento de su deber de oficio de velar por el respeto a los derechos humanos y el debido proceso en todas las situaciones en que resulten comprometidos por la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado; e incentivar la actitud proactiva y regular de control externo del Congreso y el Defensor del Pueblo, en materia de derechos humanos e institucionalidad democrática.