Puede que la Distribuidora de Electricidad del Este fallara en algunas cosas y tuviera defectos como cualquier otra  obra humana, en un mercado eléctrico fallido, de altos costos, malos contratos y bajos cobros. Pero de alguna manera el hecho de haber permanecido hasta ahora fuera del alcance de los políticos  tiene que haber sido un detalle bien favorable para el servicio que presta. Hasta donde se sabe, su nómina no creció escandalosamente a lo largo de estos años. Los criterios  que seguramente predominaban allí deben haber sido los típicos de cualquier administración privada que aspira a lucros pero que  no recurre al despilfarro. En fin, como ninguna dirigencia partidaria podía condicionar nombramientos ni montos salariales, el tráfico de influencias, tan común en predios de Estado, no gravitaba sobre el desenvolvimiento de la entidad.

 Hoy muchos dominicanos están preocupados porque Ede-Este es ya totalmente una compañía del Estado y todos sabemos -por los muchos daños que aquí ha sufrido el patrimonio público a merced de la política- de los riesgos que ello implica. Las autoridades de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales están conscientes de  la inquietud reinante  y tratan de disiparla formulando el compromiso de no convertir aquello en territorio del clientelismo. La nación les exige que cumplan con esa obligación.

El dilema de agua o asfalto

Que los vehículos de toda índole puedan desplazarse sobre calles bien pavimentadas es importante. También lo sería que el suministro de agua a la ciudadanía sea completo.   Llama la atención que unos trabajos de extensión de redes de agua potable estén paralizados porque el síndico del Oeste de la ciudad, Francisco Peña, niega autorización a excavar en la  muy transitada avenida Isabel Aguiar.  Peña ya no le cree a la CAASD cuando promete repavimentar las vías en que hace zanjas y no se podría  criticar  que un síndico sea exigente por el buen estado de espacios urbanos.

De todo modos el impasse es inaceptable. Ambos deben encontrar una fórmula que permita colocar tuberías sin tropiezos. Algo así como una garantía bancaria de que los fondos para repavimentar la vía estarán disponibles, independientemente de la  mala fama que la CAASD se haya creado por incumplir con la obligación de recomponer lo que arruina.