En toda función normativa, las decisiones de la autoridad competente deben estar sustentadas en la convicción irrefutable de que se está haciendo lo correcto y justo en el momento oportuno.

La materia electoral no es una excepción a esta regla de principio, y cuando una norma o resolución de la autoridad competente tiene que ser revocada porque se nieguen a acatarla aquellos que deben cumplirla, entonces estamos ante el riesgo de que la autoridad resulte erosionada.

Estas reflexiones vienen a cuento porque en estos días la Junta Central Electoral (JCE) pareció forzada a dejar sin efecto una resolución que mandaba la suspensión de la campaña proselitista de los partidos políticos.

Hay dos puntos relevantes en esta conducta de la JCE. Uno es que la resolución fue extemporánea porque debió ser tomada antes de que los partidos iniciaran la promoción de sus candidatos y asumieran costosos compromisos publicitarios, y en segundo orden porque, a pesar de esa circunstancia, la Junta no procuró previamente un acto de consenso con dichas organizaciones.

Con la emisión y posterior revocación de la resolución, la JCE ha dejado abierta la brecha para que los partidos, a conveniencia de causa, objeten otras decisiones que consideren lesivas para sus intereses.

El doctor Carlos Urruty, presidente del Tribunal Electoral de Uruguay, afirma que los administradores de procesos electorales requieren, primordialmente, independencia e imparcialidad para que sus decisiones tengan la aceptación de todos.

Cuando la JCE decidió emitir una resolución ordenando parar la campaña y luego retrocedió por presión de los partidos, puso en entredicho condiciones que en el mañana necesitará para que sus decisiones tengan la aceptación necesaria.

Menos mal

La normalidad del intercambio comercial entre República Dominicana y Haití que tiene como base la ciudad de Dajabón ha sido restablecida luego de una conciliación de intereses entre autoridades y comerciantes de la zona y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (CESFRONT).

De este cuerpo militar hay que decir que en el poco tiempo que lleva trabajando en la frontera ha logrado frenar muchas de las prácticas lesivas para el interés nacional. Aunque se le han atribuído actos de corrupción, nadie ha presentado las evidencias que permitan sustentar las acusaciones.

El intercambio comercial dominico-haitiano es vital para las economías de los dos países que comparten esta isla. Y el CESFRONT es un organismo absolutamente necesario para frenar el contrabando, tráfico de armas y de drogas, trasiego de indocumentados y otras prácticas lesivas para el interés nacional.

Nos alegra que haya habido una conciliación de intereses, pero aspiramos a que el intercambio comercial se haga con apego absoluto a reglas que preserven la integridad del país en todos los órdenes.

Por más que el CESFRONT disguste a algunos, es necesario quebrar el desorden que provoca la informalidad del intercambio comercial, que da lugar a prácticas lesivas para todos.

Los comerciantes haitianos que venden en Dajabón deberán estar debidamente documentados y autorizados a hacer sus operaciones en las zonas de intercambio, y no creemos que esto merezca ser objetado por ninguna autoridad dominicana.

Después de todo, el CESFRONT debe estar tranquilo, pues solo se arrojan piedras a los árboles que dan frutos.