La composición del Poder Legislativo dominicano se encamina, en virtud de la  decisión de los votantes expresada el 16 de mayo pasado, hacia un cambio radical. Los congresistas que constituían mayoría bajo un solo partido, el PRD, estarán reducidos a minoría.

Se extinguen para ellos el poder abrumador para aprobar leyes contra el parecer de otros sectores nacionales, conformar juntas electorales sin consenso, acrecentar el endeudamiento externo, que creció enormemente en el cuatrienio que culmina. Poder hasta para modificar la Constitución a exclusiva conveniencia.

Aún cuando las instituciones y el país como un todo son permanentes y deberían estar siempre  por encima de las visiones parcializadas de los entes partidarios, aquí estamos lejos de eso.

La agria  rebatiña y los denuestos que acompañan las denuncias tremendistas sobre  fallas electorales que lanzan algunas de las partes que competían en los comicios, dejan en claro que a pesar del comportamiento civilizado de los ciudadanos en las urnas,  ciertos dirigentes son prisioneros de sus ambiciones.

En el temperamento de quienes obtuvieron menos escaños en el Congreso y posiciones en los ayuntamientos, lo que se expresa desbordantemente es negación e inconformidad.

A varios les brota -existen notables y respetables excepciones- un lenguaje de rechazo a los resultados dictados por un tribunal electoral fundamentalmente originado por ellos mismos en ejercicio de poderes senatoriales que fueron muy criticados por sectores independientes  en su momento.

Guerrean verbalmente, como si los próximos  senadores, diputados, síndicos y regidores fueran a carecer de legitimidad, aún cuando la mayoría del Poder Municipal va a estar en manos de la alianza de partidos que con intensidad de espanto ejerce su derecho al pataleo.

-II-

En medio de las tensiones de la confrontación que no se detiene a pesar  a los fallos  de la Cámara Contenciosa, aquellos que ejercen funciones congresionales y edilicias deben ¡por Dios! mantener el  comedimiento, evitando que en el tramo de días que corre entre mayo y agosto no crezcan las  incertidumbres.

Todos cumplen unos mandatos de cuatro años; todos llegaron a sus posiciones comprometidos con los electores y probablemente con su propio plan de trabajo. Pero a esta fecha quedan agotados sus tiempos y sus posibilidades.

En República Dominicana no existen restricciones legales para autoridades salientes (en otros países sí) pero el poder se ejerce por delegación y los mismos ciudadanos que eligieron a los que terminan, escogieron a los que llegan.

El guión supremo que el pueblo dicta está por encima de las banderías, cosa que pocos políticos  dominicanos comprenden.

Por eso, en nuestra tradición las transiciones han sido con frecuencia períodos para desafueros y pretensiones de forzar, mediante leyes al vapor, a que los sucesores tengan que vestir camisas de fuerza respecto a tales o cuales asuntos del ejercicio público.

También ha sido tiempo para travesuras orientadas a extraer beneficios inmerecidos de esa entidad que es el Estado, que muchos tratan como si no tuviera dueños y que no suele dolerle demasiado a muchos de nuestros políticos.

Además de existir una específica fecha para transmisión de mando, tiene que existir un calendario de aproximación entre las autoridades nuevas y las viejas. Etapa en la que por elemental respeto a la nación, las funciones del poder deben irse acomodando con tacto y respeto al parecer de los hombres y mujeres del cuatrienio que comienza.