POR NELSON A. SUÁREZ
Pese a los discursos de campaña y a los despliegues propagandísticos de los principales partidos, líderes políticos, empresariales y de la sociedad civil, la poca relevancia y la cuantía significativamente baja del Gasto Público Social (GPS) sigue siendo una tarea pendiente en la sociedad dominicana. La afirmación anterior queda evidenciada al analizar las partidas destinadas a las funciones sociales y la inversión para el desarrollo humano consignadas en la ejecución  presupuestaria de la última década.

En efecto, la distribución funcional de los gastos ejecutados entre el 1998 y el 2005, confirma una tendencia hacia la progresiva pérdida de importancia del gasto público social como proporción del gasto del Gobierno. En el trienio 1998-2000 el gasto público en los sectores sociales representó en promedio un 45.1% de la ejecución presupuestaria, alcanzando un tope máximo en el 2000 de 47.8% de los egresos del Gobierno Central.

Asimismo, durante los años 2001-2003 las asignaciones de fondos orientados a las funciones sociales mantuvieron una participación promedio de 43.5% del gasto público, mostrando una importante caída en el 2003 (38.1%) producto de la crisis bancaria, la devaluación del peso y la recesión económica.

Gastos Sociales Prioritarios (GSP)

La afectación del gasto social como proporción del total de egresos del Gobierno, parece impactar con mayor fuerza a los componentes del GPS identificados como Gastos Sociales Prioritarios (GSP), conformados por los gastos en  Educación, Salud y las asignaciones para Agua Potable y Alcantarillado. Estas partidas han evolucionado negativamente en cuanto a su participación en las asignaciones presupuestarias totales, pasando de un 27.6% en el 1998 a 17.6% del gasto en el 2005 y un 19.1% en los primeros seis meses de 2006.

Por otra parte, los GSP también han perdido importancia relativa como proporción de los gastos en servicios sociales. En el trienio 1998-2000 los GSP fueron el 69.5% de los servicios sociales, durante lo años 2001-03 este promedio se redujo a 67.4%, desplomándose en el 2004 a 45%, mostrando una relativa recuperación en el 2005 con el 47.29% de la ejecución de los gastos sociales, manteniéndose aún por debajo de los niveles del trienio 1998-2000.

Gastos en Educación y Salud

Dentro del GSP la educación y la salud comprenden dos de los renglones de mayor importancia por su impacto masivo en la población de menores ingresos y en el desarrollo humano. Si se consideran los gastos conjuntos en educación y salud aplicados en la ejecución presupuestaria 1998-2006, se podrá advertir claramente una disminución de su importancia en las prioridades del Estado. En el período 1998-2000 la sumatoria de los gastos en Educación y Salud consumieron en promedio el 26.1% de la ejecución presupuestaria, para el 2003 esta proporción se redujo a 17.3%, llegando en el 2005 a sólo un 15.7%. Estos datos evidencian una preocupante tendencia hacia la disminución de la importancia de estos sectores dentro del gasto total presupuestario.       

El Gasto en Educación

Los créditos presupuestarios destinados para la función Educación, también ha perdido peso en la ejecución del gasto público de la última década. En el período 1998-2000  ésta función absorbió en promedio el 16.2% del total del gasto público, un 39.9% de los gastos sociales y el 56.4% de los sociales prioritarios, en el 2005 las partidas aplicadas para la misma fue de tan solo el 8.7%, poco más de la mitad del promedio de hace seis años.

El Gasto en salud también sufre

El sector Salud por su parte, ha sufrido la misma  suerte que el de la Educación perdiendo relevancia como proporción del gasto  gubernamental en los últimos años. En el trienio 1998-2000 el promedio de recursos asignados a la salud fue equivalente al 9.9% de los gastos ejecutados, cayendo a 6.8% en el 2003 y mostrando una leve recuperación en el 2005 en que se aplicaron  fondos para esta función equivalentes al 7% del total de gastos. En los primeros seis meses del 2006 el Gobierno erogó unos RD$ 92,821.4 millones, de los cuales el 7.4% (RD$ 6,909.5 millones) fueron para Salud.

El Gasto Social  y el PIB

 Si relacionamos los gastos del Gobierno Central en los sectores sociales con el PIB, la situación es igualmente desfavorable ya que, si bien los créditos presupuestarios destinados a las funciones sociales en el 2005 representan un 8.1% del PIB, cifra superior al  6.6% ejecutado en el 2004, esta proporción es menor que el registrado en el 2002, cuando los egresos por el mismo concepto ascendieron a 8.4% del PIB. En Latinoamérica el promedio de gasto público social en relación al PIB es de 15.1%   

Dentro del contexto general del GPS, los Gastos Sociales Prioritarios (Educación, Salud y Agua Potable), han evolucionado negativamente como % del PIB, pasando de 4.9% promedio en el quinquenio 1998-2002, a 3.5% del PIB en el 2003, 3.0 en el 2004  y 3.8% del PIB en el 2005.

De igual manera, los gastos en Educación y Salud como porcentajes del Producto Interno Bruto no han logrado avances importantes en su posicionamiento presupuestario, advirtiéndose la reversión en el 2003 de la leve tendencia creciente mostrada entre 1998 y el 2002 cuando estos representaron el 4.4% del PIB, cerrando en el 2005 con un 3.4%.

Fuente: preparado por Nelson Suárez con datos de los informes de Ejecución Presupuestaria varios años.

Como se puede ver en el gráfico, en el 1998 los gastos conjuntos en Educación y Salud ascendieron a un 4.0% del PIB. Esta proporción aumentó constantemente en los siguientes cuatro años hasta alcanzar un 4.9% del PIB en 2002. Sin embargo, entre el 2003 y el 2004 hubo un desplome en estos renglones situándose en un 3.2 y 2.7% ,respectivamente, como porcentajes del PIB. No obstante el hecho de que los gastos asignados para Educación y Salud en el 2005 son equivalentes al 3.4% del PIB, esta proporción sigue estando por debajo del promedio de los anteriores siete años.

El Servicio de la Deuda Pública se Traga el Gasto Social

Un hecho relevante en la distribución funcional del gasto es que los créditos presupuestarios aprobados para el servicio de la deuda pública han ido creciendo hasta convertirse en una significativa proporción de los mismos. A partir del 2001 el servicio de la deuda pública interna y externa del Gobierno se ha convertido en una centrifuga devoradora del presupuesto público, absorbiendo  una proporción cada ves mayor del gasto gubernamental. Los pagos de intereses y la amortización de la deuda pasaron de un promedio de 8.3% de los egresos públicos entre 1998 y el 2000, a 27.2% en el 2003, manteniéndose en 18.7% en el 2005.

 El servicio de la deuda como proporción del PIB muestra una situación peor ya que este pasó de 1.4% en el 1998 a 4.9% en el 2003, manteniéndose en alrededor del 4% en el 2005.

Conclusiones

1 Contrario a lo que sucedió en la mayoría de los países latinoamericanos a finales de la década de los noventa, en que se produjo un aumento sostenido del gasto público social, en la República Dominicana  se sigue verificando un bajo nivel en la asignación de recursos presupuestarios en las áreas sociales.

2  El gasto público social como proporción del gasto total, como porcentaje del PIB y el gasto social per cápita de la República Dominicana registran indicadores inferiores a los promedios de la región. 

3 La asignación efectiva de los recursos presupuestarios no se corresponde con los discursos políticos de los sectores públicos y privados, en cuanto al reconocimiento de que la pobreza y los escasos niveles de desarrollo humano y social constituyen los mayores problemas que tiene que encarar el país.

4 La política de asignación de los recursos presupuestarios no es compatible con una estrategia orientada al cumplimiento de las metas fijadas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

5 Para garantizar que las prioridades y los desfases que tiene el país en materia de desarrollo humano y social puedan ser atenuados en la próxima década es necesario una importante movilización y concienciación sobre la necesidad de protección y fomento del gasto social presupuestario.

6 Se hace necesario la definición de un marco conceptual, institucional y legal orientado a la protección, fomento y sostenibilidad presupuestaria del gasto social y la inversión en desarrollo humano por parte del Gobierno, compatible con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

7 En un escenario de elevado crecimiento económico como el que reportan durante varios años las estadísticas oficiales, con una alta incidencia de la pobreza, el desarrollo de mega proyectos de inversión, los elevados niveles de analfabetismo convencional y funcional, resulta inexplicable la poca importancia que tiene para la sociedad el gasto social.