CARMEN IMBERT BRUGAL
La Junta Central Electoral -JCE- ha estado integrada por personas buenas y malas. Personas adscritas a los partidos políticos, a las iglesias, al empresariado. Ha tenido entre sus jueces, cobardes, valientes, parlanchines, discretos.

Burócratas con proclividad al clientelismo y al nepotismo, a la trampa y a la transparencia. Honestos y malandrines, convictos, farsantes y dignos. Cada JCE ha recibido insultos, halagos, repudio, aceptación. Ha desatado la ira de la sotana, de las embajadas, de los organismos internacionales, de las organizaciones de la sociedad civil. El trajín previo a su selección, resulta sospechoso, permite el cabildeo, la pugna, el comentario avieso.

Las primeras elecciones celebradas en el país, después del tiranicidio, se consideran antológicas. Un desprestigiado Consejo de Estado garantizó la idoneidad de los comicios y proclamó presidente de la República a Juan Bosch. No importó la catadura de los consejeros, sus deslices e infracciones. Otra fue la historia a partir del año 1966. El 16 de mayo del 1978 marcó un hito. Hubo convulsiones, amenazas, impugnaciones, intervención de militares, fallo histórico, sin embargo, Antonio Guzmán Fernández tomó posesión.

Las irregularidades, las falsificaciones, las usurpaciones, las travesuras, los abusos y excesos, la impericia, están presentes en cada escrutinio dominicano. Todavía se discute si Joaquín Balaguer ganó seis elecciones gracias al fraude o por negociar con sus fidelidades inconmovibles. Después de las votaciones del año 1990 y del 1994 la atención pública estuvo centrada en las reformas legales y la modernización. El fracaso del 1994 trascendió nombradías. Las pruebas de lo ocurrido demuestran, que no importa quién presida o integre las instancias electorales, la actitud es lo importante.

El problema de la JCE no es su composición, ni la preparación de las elecciones. El problema ha sido la dejadez, la negación de su independencia, el descuido con sus atribuciones. La conversión de la entidad en terreno fértil para intromisiones grotescas, descarados cuestionamientos. Mermada su autoridad y competencia, debatida su jurisdicción, el recurso ha sido plegarse a las demandas, algunas válidas otras perversas, de representantes de partidos y de sectores sociales que siempre irrespetan. Prefieren atosigar con rumores e imputaciones al organismo, porque desdeñan la eventual vigencia de instituciones, aptas para controlar sus apetencias. Las funciones de la JCE están perfectamente señaladas en la ley. Ceñirse al texto es su deber. La ley nunca ha previsto comisiones de notables, de verificación, no contempla pactos de civilidad o por la democracia. Tampoco prescribe el silencio y la negociación cuando el conteo de los votos desagrada a un grupo, ni la convocatoria para que “notables” proclamen ganadores o informen al colectivo el devenir electoral.

La ley 257-97 no descarta la posibilidad de designar como jueces electorales personas con filias partidistas. Los requisitos para acceder a la JCE son mínimos. Ser dominicano, tener más de 35 años, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, poseer un título de licenciado o doctor en Derecho y una práctica profesional de doce años. Cuando se trata de los jueces de las Juntas Electorales admite el nombramiento de miembros afiliados a partidos políticos “no activistas”.

La recién designada JCE está obligada a transformarse en un órgano creíble, respetable, dinámico. Es fácil. Acatando los dictados de la ley puede lograrlo. Tanto la Cámara Contenciosa, como la Administrativa y el Pleno, tienen pendientes un trabajo que no permite distracción o cháchara. Su misión exige denuedo y discreción. Efectividad. El poder de la JCE debe manifestarse, es necesario para organizar, realizar, vigilar, los procesos electorales, también para reivindicar dependencias bastante desacreditadas y apetecibles. Tiene que renovar mandos. Designar las personas adecuadas en la Dirección de Elecciones, Dirección de Cómputos, Dirección de Registro del Estado Civil, de la Cédula de Identidad y Electoral.

Cualquier revisión de la secuencia electoral nuestra permite inferir que las crisis comiciales se disipan desconociendo la ley, menospreciando las funciones de la JCE, ignorando los delitos electorales. Jamás la alharaca se ha resuelto con la acción pública. Tal vez los nuevos jueces decidan rescindir la tradición desdorosa e ilegal. Tal vez estén dispuestos a promover la firma del único pacto ineludible. Un pacto que conmine a cumplir la norma, a erradicar las intromisiones y mediaciones malsanas e insolentes, útiles para subrayar indefensiones, incapacidades, temores y compromisos espurios.

Es imperativo que los jueces, desde el principio, conozcan y ejerzan el poder conferido. El país estrena Junta Central Electoral. Hombres y mujeres con credenciales óptimas fueron seleccionados. Sólo sus acciones ratificarán la buena fama.