El sostenimiento de la seguridad ciudadana es una tarea que sincroniza las acciones de numerosas disciplinas para lograr  el objetivo de preservar  vidas, orden público y propiedades. Un desequilibrio por falla de cualquiera de las partes rompe la sincronización y trastorna el logro de las metas. Esa ruptura se está dando en nuestro país y el resultado es  un incremento pasmoso de los casos delincuenciales en perjuicio de la vida, el orden y las propiedades.

El país tiene una Policía  muy activa pero mal pagada, con una estructura orgánica que en nada le ayuda. Se le exige que haga  el papel que le corresponde, pero está limitada a hacer lo que puede. De otro lado, la Justicia ha perdido la sincronización en las tareas que le competen y los resultados son desastrosos. Uno de los pasivos generados es el alto índice de reincidencia  por delitos no castigados oportunamente. En estos resultados media la insuficiencia de recursos y logística.

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) pone el dedo en la llaga cuando destaca que en la actualidad hay 101 tribunales creados que no están funcionando por falta de recursos, lo que ha puesto sobre los hombros de la Policía la pesada  tarea de preservar la seguridad ciudadana. Los resultados desastrosos que estamos obteniendo  es el fruto de lo poco que pagamos para garantizar la seguridad pública.

Cojeras de la Seguridad Social

Si las cosas marchan como afirma Rosa María Suárez, directora del Proyecto USAID-Centros de Excelencia Materno Infantil, en poco tiempo la seguridad social entraría en una especie de coma. Según esta experta, a septiembre de este año el Régimen Contributivo acusaba un déficit mensual de unos  600 millones de pesos, debido, entre otras causas, a que el total de las cotizaciones  con los niveles salariales vigentes, no permitiría financiar el Régimen Contributivo más allá de unos  20 meses.

La falta de sostenibilidad obedece también a que  327 instituciones públicas y 13,264 empresas privadas aportan por debajo del salario mínimo sectorial, y que  la cápita del Régimen Subsidiado (RS) es insuficiente para cubrir las prestaciones que otorga el mismo. Hay que trabajar con tino para revertir este diagnóstico sobre uno de los mayores logros sociales que ha tenido la familia dominicana en mucho tiempo.