El Diccionario de la Real Academia define privacidad como: ámbito de la vida privada que hay que proteger de cualquier intromisión.

La revolución digital, en una sociedad de la información como la actual, ha retado y amenazado la vida privada en sus diversos aspectos: social, cultural, legal, tecnológica. La Declaración Universal de los Derechos Humanos la considera como un derecho.

Haciendo frente a este desafío, diversas investigaciones han sido desarrolladas en procura de revelar y poner en alerta de esta pérdida de intimidad, de la que somos víctimas los que participamos en el mundo de la tecnología.

En este sentido, Jinyan Zang, analista de la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. y un equipo de investigadores eligió un total de 110 aplicaciones populares gratuitas de nueve categorías que manipulasen datos sensibles acerca de los usuarios, y cruzando los datos registraron el comportamiento de cada una de ellas.

Se comprobó que el 73% de las aplicaciones del sistema operativo Android comparte la información personal del usuario con terceros, sobre todo el nombre y dirección de correo electrónico, mientras que las “apps” de iOS, la geolocalización de cualquier persona.

Quedó revelado que el 93% de las aplicaciones del sistema operativo de Google se conecta a un dominio misterioso, safemovedm.com, en el que todo es desconocido. Sin embargo, maneja los datos íntegros de cada usuario. Los resultados son alarmantes: Android envía un promedio de datos potencialmente sensibles a 3,1 dominios de terceros, mientras que iOS también, aunque en menor medida con 2.6 dominios.

Existen también compañías start-up, entre ellas CitizenMe, que colabora con la universidad de Cambridge, y que oferta a los que se suscriben un perfil gratis cuando la aplicación salga públicamente en marzo de 2016; a cambio de sus datos personales. Las personas podrán optar por pagos y descuentos de las compañías y marcas participantes. Esto aumenta las preocupaciones acerca de la privacidad. La Comisión Europea revela que solo el 18% de los usuarios lee las políticas de privacidad de las páginas en las que se suscriben.

Por otro lado, los atentados de París, ocurridos recientemente, reabrieron el debate sobre el cifrado de los mensajes enviados a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, sobre todo, en Estados Unidos. El director de la CIA (Agencia Central de Inteligencia), John Brennan, y otros altos funcionarios de la seguridad nacional americana informaron que los sospechosos de terrorismo están utilizando tecnologías para ocultar su planificación y operaciones.

“Hay un cúmulo de capacidades tecnológicas que son útiles en estos momentos que hacen que sea extremadamente difícil, tanto técnica como legalmente, para los servicios de seguridad e inteligencia tener la visión que necesitan”, dijo Brennan, en un evento en Washington. Sin embargo, las empresas que anteriormente fueron objeto de críticas y demandas cuando Edward Snowden hiciera públicas las prácticas de espionaje de EE.UU se mostraron reticentes a compartir públicamente los datos de sus usuarios.

El comisario de Policía de Nueva York, William Bratton, pidió a las empresas de tecnología que ayudasen a los investigadores, aunque no especificó exactamente cómo. “Ellos tienen que trabajar con nosotros en este momento”, dijo Bratton, pero en muchos aspectos, “están trabajando en contra de nosotros.”
Hay instituciones enfrentando esta peligrosa situación. Hace unas semanas, durante el Congreso “Menores, Internet y Tecnologías: Crecer y convivir en un mundo digital” celebrado en Barcelona se ha explicado el deseo de querer educar a los alumnos en una privacidad basada en valores como “la libertad, la dignidad y el libre desarrollo de las personas”, fomentando un uso adecuado de las redes sociales. Personalmente, dado a la feroz velocidad de los cambios en el universo digital, no creo que esto se ha logrado, aunque no llegó a la posición extrema del famoso tecnólogo Pete Cashmore, quien se expresó de esta manera: “La privacidad ha muerto, y los medios sociales sostienen el cuerpo del delito”.
Investigadora asociada: Andrea Taveras.