La inseguridad ciudadana, con sus múltiples facetas, podría hacerle mucho daño al clima adecuado para los negocios que ha ido forjando la República Dominicana. Y la inseguridad no radica únicamente en los asesinatos por encargo o desquite, los asaltos cada vez más audaces y frecuentes o la simple ratería que se ha generalizado. El problema es que está mermando la fiabilidad de instituciones que deberían ser soporte de las garantías jurídicas. La Policía, según el más reciente sondeo de Latinobarómetro, es la institución menos confiable de la República Dominica y cada vez más de sus miembros se ven involucrados en actos indecorosos, y la Justicia no anda muy lejos de esa posición debido, entre otras cosas, al trato injustificablemente benigno que da a los delincuentes.
El sector empresarial ha manifestado reiteradamente su preocupación porque mucho de lo que hemos ganado en materia de comercio e inversión podría sufrir algún retroceso si la seguridad general continúa deteriorándose y si las autoridades continúan sin dar señales de que trabajan en serio para reordenar la casa. Hay pendientes asignaturas cruciales para la seguridad, como la restructuración de la Policía, la selección de los integrantes de las altas cortes, la revisión del Código Procesal Penal y otras. No podemos permitir que el irrespeto de la ley diluya los logros alcanzados.

Los espacios de uso común

Los municipios de la provincia Santo Domingo tienen en común que negocios de todas clases se han adueñado de los espacios reservados para la movilidad y el esparcimiento de la gente. Tarantines en aceras y parques, depósitos de materiales y mercancías, talleres improvisados y otros obstáculos obligan a la gente a caminar por la calle bajo riesgo de ser atropelladas por vehículos. Es un problema de vieja data que diferentes administraciones municipales han dejado intacto, a pesar de haber prometido soluciones.
La recuperación de los espacios públicos tiene que ser una tarea prioritaria de las gestiones municipales de la provincia Santo Domingo. La aplicación de las ordenanzas sobre el uso de esos espacios tiene que ser tenaz y permanente. Hay que hacer respetar los derechos de la gente.