JUAN BOLÍVAR DÍAZ
La publicación esta semana de un informe de las Naciones Unidas condenando el tratamiento que Estados Unidos da a cientos de prisioneros de su guerra contra el terrorismo que mantiene en la base militar de Guantánamo, Cuba, está llamado a conseguir un amplio respaldo internacional que obligue a la rectificación de ese bochorno universal.

El informe fue elaborado por encargo de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la que lleva 18 meses investigando denuncias sobre torturas y otras graves violaciones a los derechos de cientos de prisioneros en su mayoría trasladados desde Afganistán, pero también de otros lugares del mundo.

El documento plantea que Estados Unidos debe abocarse a un juicio imparcial y rápido de todos los prisioneros o liberarlos inmediatamente. En cualquier caso pide el cierre de esa prisión y el traslado de los recluidos a territorio norteamericano, donde deberían ser juzgados con todas las garantías internacionales.

De inmediato tanto el secretario general de la ONU, el Parlamento Europeo y numerosas organizaciones sobre derechos humanos han apoyado la petición. Kofi Annán consideró necesario “un equilibrio entre la acción efectiva contra el terrorismo y las libertades individuales y los derechos civiles”, tras considerar que Estados Unidos debe cerrar esa cárcel lo antes posible.

Tan pronto se publicó oficialmente el informe en Ginebra, el jueves, el Parlamento Europeo exhortó a Estados Unidos a que cierre la prisión de Guantánamo, insistiendo en que “cada prisionero sea tratado de acuerdo con el derecho internacional humanitario y juzgado sin demora en audiencia justa y pública por un tribunal competente, independiente e imparcial”.

Mientras voceros del gobierno estadounidense trataban de restar validez al informe sobre la base de que quienes lo elaboraron no visitaron la prisión. Pero estos ya habían advertido que no fueron porque no se les daba acceso a los prisioneros. Pero numerosas denuncias y documentos gráficos se han publicado en los últimos meses sobre el tratamiento degradante que estos reciben en la bahía cubana.

No hay que ir a Guantánamo para rechazar ese virtual campo de concentración que supone un salto hacia décadas atrás en el tratamiento de prisioneros. Los primeros comenzaron a ser trasladados allí desde Afganistán en enero del 2002. Actualmente hay unos 500, muchos de ellos con meses en huelga de hambre reclamando un juicio justo.

Decenas han sido dejados en libertad después de años de asilamiento, a miles de kilómetros de sus familiares, sin ninguna garantía legal y bajo tratamientos degradantes. Hasta ciudadanos británicos y de otros países aliados de Estados Unidos figuran entre los que han tenido la suerte de salir.

Esa situación, lo mismo que las torturas en cárceles iraquíes, los arrestos y secuestros en Italia y otros países, chocan estruendosamente no sólo con el código internacional de derechos humanos y los convenios sobre prisioneros, sino con más de un siglo de tradición jurídica en los propios Estados Unidos.

Justamente cuando se publicaba el informe de la ONU, el mundo era sacudido por una nueva oleada de fotografías demostrativas de las torturas a que han sido sometidos miles de prisioneros en las cárceles que Estados Unidos mantiene en Irak, y que han herido hasta la sensibilidad de la sociedad norteamericana, mereciendo la condena de los medios de comunicación y organizaciones sociales.

Todos tenemos que ayudar al gobierno de George Bush a que encauce su lucha contra el terrorismo en los parámetros de la legalidad internacional y respete la propia tradición jurídica del pueblo norteamericano. Y la mejor forma de ayudarlo es sumándonos a la condena de las prácticas que denuncia el informe.

Nadie hubiese pensado hace cinco años que Estados Unidos descendería al nivel de las torturas y secuestros que condenaba en sus informes anuales sobre los derechos humanos en el mundo. Tampoco que se iba a igualar con los regímenes dictatoriales que se amparaban en la seguridad nacional para cometer barbaridades.

Es necesario un gran clamor universal para ayudar al gobierno de Estados Unidos a volver al camino correcto, el que defiende una gran parte de la misma sociedad norteamericana, con los expresidentes Jimmy Carter y Bill Clinton a la cabeza. El gobierno de Bush, con apenas un 40 por ciento de aprobación según la última encuesta publicada esta semana, no interpreta correctamente ni el sentimiento ni la tradición de su pueblo.