Con la comunicación del presidente Danilo Medina al Congreso, la incorporación de los senadores a la comisión especial de la Cámara de Diputados, el pasar a esa comisión el proyecto de ley del régimen electoral, el empoderamiento que han asumido las más destacadas organizaciones de la sociedad civil al respecto, están dadas las condiciones, como de forma optimista expresó el presidente de la Cámara de Diputados, de que en junio la comisión podrá emitir un informe y las cámaras conocer y aprobar ambas piezas antes de concluir la presente legislatura.
Estoy optimista por la conjunción de elementos favorables para que el país cuente con una ley de partidos que por lo menos mínimamente regule la democracia interna de las organizaciones, establezca topes al financiamiento privado, transparente los ingresos y egresos y limite los tiempos de campaña. Si esa ley no es aprobada, por el tema de las primarias abiertas, el costo político lo deberá cargar el PLD y muy especialmente el gobierno y el presidente Medina, que no merece con esa extraordinaria obra de gobierno marcarla con el tema de la imposibilidad de aprobar esas leyes.
La aprobación en tiempo de ambas piezas permitiría a la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral contar con los marcos legales para una comenzar el cronograma de la organización de las elecciones de 2020 y la otra, seguir conociendo los diferentes recursos que se van a seguir generando por las luchas intestinas en la mayoría de las organizaciones.
Superado el impasse con la ley de partidos, el país tiene una agenda pendiente de temas y reformas fundamentales para garantizar la sostenibilidad del crecimiento y la posibilidad de mayores recursos para reducir la inequidad social y la creación de empleos.
Por ejemplo, está pendiente concluir el pacto eléctrico que lleva más de dos años en conversaciones y aparentemente se encuentra en un punto muerto por las posiciones de ciertos sectores.
Es necesario volver a sentar los actores para modificar el Código de Trabajo. Mientras no se elimine el pasivo laboral y se sustituya por un seguro de desempleo, sin que con ello el trabajador pierda los derechos adquiridos, no hay incentivos a las empresas para crear nuevos puestos de trabajo, también otra parte importante de la reforma sería reducir la carga que representa para el empleado y la empresa de la seguridad social para el primer empleo.
Es necesario dentro del marco del Consejo de Competitividad seguir avanzando, eliminando trabas burocráticas, acelerando la permisología y otras acciones para permitir el país mejore en el Índice de Competitividad Mundial y por vía de consecuencia el clima para la inversión.
Es necesario modificar la Ley de Compras y Contrataciones Públicas porque tiene demasiadas vías para ser violada y si bien hemos mejorado en ampliar el número de proveedores del Estado y se han creado los mecanismos para beneficiar las mipymes, es necesario una nueva ley que erradique las posibilidades del otorgamiento directo de obras y compras que representa el vehículo por excelencia para los sobornos y la corrupción.
Por último y quizás el más importante, la Reforma Fiscal integral, la reforma tributaria y la reforma del gasto, que garantice la presión tributaria para garantizar la sostenibilidad fiscal y contribuya al desarrollo y reducción de la inequidad social.