Es probable que el presidente Danilo Medina, envuelto en circunstancias en extremo complicadas, hubiera querido encontrar una salida diferente frente al conflicto migratorio y de reclamos de la nacionalidad dominicana por parte de descendientes de haitianos.

Pero como la política y las actuaciones de un jefe de Estado se nutren de realidades y no siempre de ideales, por más pertinentes y patrióticos que éstos sean, habría que preguntar si el gobernante tenía alternativas frente a las persistentes presiones a que ha estado sometido dentro y fuera del país.

Fuera de disquisiciones retóricas interminables, por cuanto exponen y replantean teorías contrapuestas sobre este espinoso tema, sin poder llegar a conclusiones viables, lo cierto en términos prácticos y concretos es que Danilo logró, con paciencia, tacto e inteligencia, librar al país de una condena internacional.

El indiscutible derecho soberano de los dominicanos a decidir todo lo referente a la política doméstica y a los asuntos jurídicos no hubiera sido suficiente para impedir una sanción que habría tenido graves repercusiones para la economía y la imagen del país ante la comunidad internacional. Es una posición muy cómoda y en cierto modo hasta injusta e irrespon- sable, culpar al Presidente por el cuestionado reglamento sobre naturalización y sus implicaciones en términos legales y jurídicos, ignorando la valiente y firme postura que asumió en momentos en que las presiones contra el país desbordaron lo que cualquier nación libre e independencia puede soportar, sin desconocer su facultad a establecer normativas migratorias, conforme a sus leyes, sin intromisión y condicionamiento alguno de parte de organismos y poderes foráneos.

En ese sentido, basta recordar cómo enfrentó, en defensa de la dignidad nacional y concontundentes argumentos, el atrevimiento de Ralph Gonsalves, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, quien acusó a la República Dominicana y a sus autoridades de racismo y de violar los derechos de los haitianos, durante un cónclave en La Habana, Cuba.

Anteriormente el jefe de Estado había concitado muestras de aprobación y de críticas cuando, en una actitud propia de su sencillez y sensible receptividad, habló de la necesidad de una solución humanitaria, al término de un encuentro con jóvenes que carecían de documentos de identidad, a pesar de haber nacido aquí.

Como se mantienen sin variación fundamental los puntos del borrador original considerados inadmisibles y violatorias de la Constitución, es seguro que seguirá siendo objeto de rechazo y, por tanto, no se descarta que en su momento hasta sea cuestionado ante el Tribunal Constitucional.

Esta eventualidad pondría a esa alta corte en una coyuntura delicada, en vista de que fueron sus magistrados, con el voto disidente de una jueza, los que emitieron la sentencia 168-13, que ha sido desde entonces la fuente de un insoluble conflicto que ha enfrentado a diferentes sectores de la sociedad dominicana.

Luego de someterlo a una consulta de los ciudadanos, el Ejecutivo tenía que cumplir con un plazo para la promulgación del reglamento, a fin de cumplir con lo que dispuso la Ley 169-14 -14, en virtud de la cual se creó un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional e inscritas irregularmente en el registro civil.

La opinión que ha avanzado el reputado jurista Jorge Subero Isa, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, al considerar que el reglamento no viola la Constitución, sienta las bases para un debate en que, inevitablemente, aflorarán diferentes posiciones, propias del libre juego de las ideas.