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LA PAZ (AFP).- La militarización de entidades públicas en la región de Santa Cruz, ordenada anteayer por el poder central de La Paz, terminó de crispar la relación entre el presidente boliviano Evo Morales y autoridades locales, fortalecidas por el triunfo del Sí en un referendo sobre autonomías celebrado el domingo.
La decisión oficial de desplegar custodia militar en reparticiones del Estado en esa región pro-autonómica, la más rica y poblada del país, fue tomada como una provocación por el político-empresarial Comité Pro Santa Cruz (CPSCZ), promotor de un proyecto de autonomías regionales puesto en consulta popular el pasado domingo.
Quiero alertar al pueblo cruceño que se está avasallando a nuestras instituciones, que se está abusando de nuestra paciencia y que el Gobierno alista un manotazo a nuestra gente, advirtió Germán Antelo, presidente del CPSCZ, ahora abiertamente enfrentado a Morales.
La custodia militar en of cinas públicas -que generó la ira del CPSCZ- fue ordenada por el Ejecutivo desde La Paz un día después de cesar al jefe del departamento de Policía, con el argumento de que no hizo nada para evitar la toma por parte de un grupos de exaltados de una sede sindical en Santa Cruz. La paciencia se puede terminar, tenemos límites, que lo sepa el gobierno (de La Paz), no se puede abusar de la paciencia de todo un pueblo, afirmó Antelo.
En tanto Morales, que mantenía bajo control militar las oficinas de Impuestos, de Tierras y las instalaciones de Ferrocarriles, explicó que el despliegue del Ejército fue solicitado el sábado pasado -un día antes del referendo- por el prefecto (gobernador) de Santa Cruz, Rubén Costas, y por el mismo Antelo, por razones de seguridad ciudadana.
El prefecto del departamento de Santa Cruz y el presidente del comité cívico han pedido la presencia militar para la seguridad ciudadana. Este control que hacen las Fuerzas Armadas momentáneamente de prevenir cualquier problema es a pedido de ambos, dijo el mandatario.
El comandante del Ejército, general Freddy Bersati, se expidió en los mismos términos, en un intento evidente por reducir la tensión.
Lo toman como militarización algunas personas que quieren hacer política, enfatizó.
Las cuatro regiones bolivianas, entre ellas Santa Cruz, que votaron el domingo un referendo en favor de un régimen autonómico amenazaron con retirarse de la nueva Asamblea Constituyente que se instalará el 6 de agosto en Sucre, en caso de que ésta no dé prioridad a ese tema.
Si postergan su tratamiento, ellos (los representantes regionales) están de acuerdo en abandonar las sesiones, y en las regiones estaremos alertas a cualquier maniobra, dijo Germán Castedo, portavoz del Comité Pro-Santa Cruz, eje del mayor proyecto de descentralización política en la historia de Bolivia.
Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, que actúan en bloque, amenazaron con abandonar las sesiones si el crucial régimen autonómico, masivamente aprobado en esas regiones (y en cambio rechazado en los 5 departamentos del oeste andino e indígena boliviano) no era considerado en las primeras sesiones de la Constituyente.
La propuesta autonómica triunfó en estas cuatro regiones que conforman más de la mitad del territorio boliviano de casi 1,1 millones de km2 y la casi totalidad de su riqueza gasífera, agraria y forestal del país.
En la elección para la Constituyente, celebrada en simultánea con el referendo, el Movimiento Al Socialismo (MAS), de Morales, ganó 135 de los 255 escaños de la Asamblea y dice controlar otros 10 más, obtenidos con siglas prestadas, mientras que la oposición derechista -próxima a la dirigencia de las regiones que buscan independencia del poder central de La Paz- ganó poco más del 20% de las bancas constituyentes.
Morales se opone a las autonomías porque considera que sólo beneficiarán a las oligarquías regionales.
