Tensión, seguridad matizan caso crimen mayor Herrán

<p>Tensión, seguridad matizan caso crimen mayor Herrán</p>

POR LLENNIS JIMÉNEZ G.
El juicio que se le sigue en el Primer Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo al coronel Pablo Manuel Velázquez Taveras, acusado de ordenar el asesinato del mayor José Miguel Herrán Mancebo, se convirtió ayer en una batalla entre el ministerio público, actores civiles y abogados de la defensa.

En una batalla entre el ministerio público, actores civiles y abogados de la defensa se convirtió ayer el juicio que se le sigue en el Primer Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo al coronel Pablo Manuel Velázquez Taveras, acusado de ordenar el asesinato del mayor José Miguel Herrán Mancebo.

La barra de la defensa intentó eliminar del proceso a todos los familiares querellantes del homicidio que involucra a otras siete personas. La magistrada del tribunal, Luz María Rivas, aplazó para el próximo jueves, a las 9:00 de la mañana la audiencia preeliminar que se conoció con el palacio de la fiscalía repleto de policías y militares expertos en tácticas de combates (SUWAT), portando Uzi y otras armas de alto calibre.

En la audiencia, que no se permitió la presencia de fotógrafos ni camarógrafos de medios de comunicación, el abogado del coronel Velázquez Taveras, Carlos Balcácer advirtió que el juicio se “constituirá en una guerra y que la comenzaron en este tribunal”.

Empero, la jueza rechazó la petición de que fueran excluidas del proceso Libertad y Elide, hermanas del mayor asesinado de nueve balazos el 29 de diciembre del año 2005. En cambio, acogió la petición de que sean sacados del caso los cuñados de la víctima, Juan Alberto Polanco y Carlos Sanquintín, así como a Crucita Cruz, madre de la viuda Maibé Guerra.

Balcácer también amenazó con presentar sus más temibles armas, una de las cuales utilizó este viernes para intentar convencer a la jueza de que ordenara salir del salón a las personas que desde ayer no figuraban en el caso, debido a que no fueron incluidas en el acta acusatoria de los actores civiles. Su pedimento no fue concedido.

A las 10:30 de la mañana, todos los implicados fueron sentados en el banquillo de la sala E de la fiscalía, en la tercera planta, y el juicio, se extendió durante nueve horas y media.

Además del coronel, el ministerio público formuló cargos contra seis hombres y una mujer, el ex teniente de la Policía Nacional Emil Reyes Reyes, apodado “Jaivita”, a quien se le imputa haber hecho los disparos.

El cabo del Ejército Liberato Ogando, alías Tilín; supuesto cómplice; Ramón Díaz Ramos (conocido como Chillo), a quien se acusa de proporcionar medios y alegadamente entregar a los autores los RD$300,000 que habrían sido pagados por el asesinato.

Guillermo Germán de los Santos (Guille), identificado por las autoridades como quien supuestamente manejaba el motor desde el cual se hicieron los disparos; la madre de éste, Rafaela de los Santos, a quien se le atribuye la compra del motor.

Franklin Taveras, señalado como el comprador del motor alquilado por RD$10,000 para la comisión del crimen, y luego vendido a un tercero. Asimismo, se acusa de complicidad en la muerte de Herrán Mancebo al hijo de Díaz Ramos.

Balcácer adelantó en declaraciones a medios de comunicación que tienen todas las armas para conseguir la libertad del coronel de la Fuerza Aérea Dominicana; mientras que el abogado de la parte civil, Pedro Duarte Canaán, aseguró que cuenta con las pruebas para hundir en la cárcel al hombre que calificó como un “criminal”.

Los abogados de los implicados coincidieron en oponerse a que los parientes sean excluidos del caso, con excepción de la viuda, lo que fue considerado como que temen enfrentarlos, en especial a la madre de Maibé, que pronunció con bastante contundencia.

Varios incidentes sometieron los abogados de la defensa con la finalidad de debilitar a los acusadores públicos, y en cada uno, la jueza se vio precisada a producir una sentencia sin detener la audiencia. La ácida actitud de Balcácer causó que algunos presentes susurrarán que sin dudas: “se trata del abogado del Diablo”.

El fiscal Perfecto Acosta y su ayudante Winston Gutiérrez, se defendieron del señalamiento de que habían hecho una investigación pobre, carente de elementos acusatorios, y de sin adherir, ni validar el escrito de la acusación privada.

Uno de los enfrentamientos lo iniciaron el abogado del imputado Reyes Reyes, el ex fiscal Gregorio Castellanos Ruano, y Balcácer, al solicitar la nulidad de acusación de los actores civiles, sustentada por los abogados Duarte Canaán y Rafael Moquete. Después de arduos y acalorados debates, calificados por Balcácer como una “guerra sin cuartel” y un “antagonismo” entre los hombres de la toga romana, la jueza Rivas declaró inadmisible la solicitud de anular la acusación de la actoría civil, en la que se alegaba que también presentaba errores en cuanto al rol que supuestamente tuvo cada participante.

En esta parte la defensa unificó criterios para advertir que la confusión en cuanto al hecho que se le imputaba a cada acusado, les imposibilita realizar una correcta defensa. El tribunal tampoco acogió la petición de la defensa de desestimar a los testigos de los actores civiles.

65 PRUEBAS

El juicio fue pospuesto cuando el cansancio se hizo evidente y en momento en que el fiscal empezó a presentar las 28 pruebas testimoniales y las 37 documentales, entre las que se encuentran registros de llamadas telefónicas, evidencias de la escena del crimen y dos testigos que habrían visto la motocicleta usada en el asesinato. El fiscal Acosta continuará en la próxima audiencia mostrando al tribunal las pruebas acusatorias.

SEGURIDAD EXTREMA

Para ingresar a la sala de audiencia fue preciso someterse a tres chequeos, tanto de la vestimenta como de las carteras, en el caso de las mujeres, sin excepción de periodista o parte del proceso. La entrada al salón sólo estuvo permitida a quienes figuraban en la lista.

Pese a que los juicios son orales, públicos y contradictorios, la jueza Rivas ordenó la salida de Onéximo Medina Abud, presentador de televisión conocido como “Tobi Tobi”, debido a que está relacionado con uno de los investigadores del hecho. La medida fue a petición de Balcácer.

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