POR JOSÉ LUIS ALEMÁN SJ
Con frecuencia primero viene la vida, después la moral y por último la teoría. El orden de los eslabones pudiera ser vida-teoría-moral y no vida-moral-teoría. La ventaja de un ordenamiento que anteponga la teoría a la moral es disminuir el peligro de una moral voluntarista, o sea la que se levanta sobre la voluntad divina, la eclesiástica o la social sin adentrarse en su por qué.

  Por lo menos en teoría la moral católica defiende que las acciones son malas (buenas) no porque Dios quiera sino porque contrarían  su “naturaleza”: la famosa ley natural  La misma ética aristotélica al establecer que el juicio de “los mejores” de una sociedad es criterio de moralidad ha sido históricamente  profundizada indagando la fuente de ese juicio.

   Cualquier intento de fijar el último “por qué” ético en el mero acuerdo social choca no sólo con cualquier ética kantiana de imperativos a priori válidos para todos y en todo tiempo como condiciones necesarias de convivencia sino con la doctrina de  derechos humanos.

    Hay que confesar sin embargo que la enorme desigualdad cultural ha impedido la aceptación de una fundamentación filosófica unívoca. Amartya Sen, Nobel de Economía, ha profundizado como pocos en este drama de una economía (de cualquier ciencia aplicada en realidad) urgida de justificación por todos pero por tantos tan distintamente entendida en lo que toca al objetivo de la economía: igualdad pero ¿ de qué? y ¿por qué?

    En la práctica los economistas nos vemos obligados a usar lo que recordando a Perroux llamaríamos una meso-ética intermedia entre la teoría general y la teoría del agente individual. Una analogía tomada del campo de la historia de la política teórica y práctica de la contrarreforma o más concretamente de los jesuìtas nos ayudará a entender ese arbitrio. La concepción jesuítica de la política puede analizarse en el fundador San Ignacio de Loyola, una persona concreta muy influyente (micro historia); en la postura institucional de los Jesuitas (macrohistoria);  en las relaciones del fundador con una parte del universo humano: los miembros de su orden, las autoridades de la Iglesia Católica, los príncipes y reyes, los patricios urbanos o los gremios de Europa en el siglo XVI  (mesohistoria). En última instancia la opción “meso histórica” indaga el sentido de la política de un grupo reducido influenciado por una persona sin osar investigarlo en algo tan complejo como en el todo de la “contrarreforma” o del jesuitismo político.

    El método puede ser aplicado a la insoluta pregunta sobre la identidad nacional. Tomarla en general presenta dificultades metodológicas no resueltas. En concreto sería más factible buscarla en las ideas del padre de la Patria Duarte o en las fuerzas sociales de su ambiente. Un término medio correspondería a los ideales y motivaciones de un conjunto de personas influenciadas por Duarte, sean los trinitarios, sean los constituyentes de Moca con su ideario municipal. De esta manera nos aproximamos a factores que sí  no responden la pregunta clave sí ofrecen elementos de juicio valiosos para una futura respuesta.

    El fundamento filosófico de la ética sigue siendo necesario y socialmente no aceptado por todos. La  coexistencia de ciertos factores con una acción social sobre la que aquellos influyen es un paso  (meso ético) que ayuda a la formulación de juicios evaluativos, indispensables en la vida social.

    Algo así podemos hacer en el campo de la ética económica de las peores formas de trabajo infantil que implican un riesgo inminente físico (trabajo en minas, en guerras, en construcción, etc.) o psicológico (prostitución, buzos de ladrones, narcotráficos…). Dos “variables” categoriales -pobreza de sus familias e ignorancia o engaño de los tutores- suelen ofrecerse al dilucidar su explicación.

ESTADO DE LA SITUACIÓN Bien dicen Dessy y Pallage (TEJ, enero 2005) que el trabajo de los menores en la historia es prácticamente tan antiguo como la humanidad. En la segunda mitad del siglo XX se logró un consenso en muchos países sobre la conveniencia de eliminar esa práctica basándose en el aporte insustituible de la escuela a la acumulación del “capital humano” -creación de un activo individual que permitirá a los futuros ciudadanos(as) obtener mejor rendimiento y subir la autoestima- y “social” -convivencia y solidaridad. En 1973 la Organización Internacional del Trabajo logró la aprobación mundial de un tope mínimo, menor de quince años de edad, para su aceptación al empleo.

    Posteriormente se comprendió lo que siempre debió saberse: que la pobreza es un determinante importante del trabajo de los menores y que no todos los trabajos pueden ser vistos como malos para ellos. No sólo suponen muchos trabajos oportunidad de aprendizaje de cualidades sociales como puntualidad y disciplina y de contribuir a mejorar la economía familiar sino preservan a muchos menores carentes de atención familiar de incorporarse a bandas violentas e incluso posibilitan un conocimiento por la acción (learning by doing) de muchos oficios. De hecho muchos admiten que el trabajo de los menores en países pobres puede ser tolerado exceptuando las “peores formas de trabajo” citadas anteriormente.

    La problemática actual se centra consiguientemente en la prohibición de estos trabajos (Organización Internacional del Trabajo, Convención 182 de 1999). Para comprender el por qué de la aceptación por los tutores de este tipo de trabajo, realidad difícilmente negable, se supone ignorancia o al menos información incompleta de los peligros físicos y morales o del grado de riesgo inherentes a estos trabajos. Sólo la ignorancia o el engaño explicarían su tolerancia en padres altruistas (bien intencionados y orientados al bien de otros en la jerga económica). No es fácilmente concebible que  padres responsables toleren que sus hijas practiquen la prostitución o que sus hijos entren en el narcotráfico o en el robo organizado.

    De estos supuestos se desprenden, en términos económicos,  políticas de prohibición legal de trabajos altamente arriesgados y de tipificación criminal de sus infracciones. O los padres son desalmados y entonces hay que punirlos, o están mal informados y entonces la prohibición legal contribuye a una información más completa  aumentando, además, el costo de ignorarla. Reconozco que esta manera de justificar la ley tan típica de la corriente jurídica norteamericana “ley y economía” disuena a piadosos oídos que preferirían sermones tremendistas sobre las mil y una formas de irresponsabilidad paterna y materna. Pero sabe Dios que las motivaciones económicas existen y no hacemos nada con ignorarlas.

   Actualmente, sin  embargo, se cuestiona radicalmente la política de prohibición hasta de trabajos riesgosos de menores. El supuesto subyacente no es ahora la información imperfecta de los tutores sino la pobreza extrema de los hogares que mueve a padres altruistas a aceptar y hasta a propiciar trabajos riesgosos de sus hijos. El problema no es tanto la información sino la pobreza extrema que plantea la vida bajo especie de simple y brutal supervivencia carente de opciones realistas de futuro. La escuela es inclusive un costo adicional: los libros cuestan, el vestido también, el transporte no es gratis, el viaje a la escuela no está exento de riesgos de violencia y de inmoralidad, la escuela ofrece pocas alternativas mediatas de movilidad y el costo de oportunidad -el fantasma horrendo de no poder contar con unos pesos más para saciar el hambre de los niños y de los adultos-es grande.

 Y, como si esto fuese poca cosa, los oficios riesgosos por serlo son mucho mejor pagados que los tradicionalmente bien vistos. El ingreso medio de la prostitución infantil en las Filipinas, Colombia, Jamaica, Paris, República Dominicana (Bogaert y otros, principios de los noventa)  es notablemente mayor que el del salario mínimo real, hasta 150 veces más en Jamaica en 1993; los estudios del “rendimiento” del crimen organizado muestran la misma desproporción. En Santiago de los Caballeros el mencionado estudio de prostitución infantil en el país mostró que las niñas de la ciudad vivían algunos días con sus padres perfectamente conscientes de la situación y también celadores de su moral barrial.

POLÍTICAS RECOMENDABLES PARA DISMINUIR EL TRABAJO INFANTIL RIESGOSO La prohibición de estos trabajos no es sólo difícil de urgir –sobra la oferta y no falta la demanda- sino potencialmente peligrosa: la prohibición sube el riesgo y éste el precio para los que pueden seguir con estos trabajos y baja el ingreso familiar de los que son forzados a renunciar a ellos,  y las mueve a disminuir el número de horas en la escuela para aumentar el de tiempo de trabajo en oficios menos riesgosos. Al atacar mediante la atractiva moral (sin teoría filosófica ni meso ética) de la prohibición de los trabajos arriesgados  atacaríamos  los efectos y no la pobreza causa de ellos.

    La única prohibición  económicamente razonable sería la de trabajos arriesgados frutos de la esclavitud forzosa, del secuestro y  del engaño que habría que probar y que desgraciadamente pueden ser más de los que se piensa: menores llevadas a países ricos con el señuelo de mejores ingresos pero ilegales.

     Una alternativa prometedora son las transferencias en ingreso y, menos eficaces, de alimentos centradas en hogares con extrema pobreza que sí alivian la presión sobre los padres a tolerar y fomentar empleos de sus hijos en profesiones altamente peligrosas como son en concreto el robo, la prostitución femenina o masculina y, en bastantes países la guerrilla o el terrorismo. Contra ellas pueden y suelen esgrimirse tres dificultades: administrativa la primera, financiera la segunda, y finalmente la ociosidad.

     Administrativamente se requieren tanto instrumentos de identificación individual de hogares en extrema pobreza al menos en zonas de exclusión y hacinamiento periféricos urbanas o rurales  como de control mínimo para evitar una venta posterior de canje a otros menos pobres y  derivar así mayores ingresos (rentas inmerecidas en el gráfico lenguaje de Inglaterra) sin alterar el tiempo dedicado por los menores a empleos riesgosos.

    La dificultad financiera de introducir un tipo de subsidios adicionales está en competir éstos con otras partidas existentes de gastos públicos en la política contra la pobreza o de gastos sociales generales en educación, salud y medio ambiente más que en la cuantía de estos subsidios. La ayuda financiera  de otros países ricos parece más utópica que prometedora tanto por sospechas generalizadas de corrupción o favoritismo partidista como por falta de voluntad política en los países ricos de aumentar la ayuda financiera necesaria para erradicar a corto plazo la pobreza extrema aun en ellos mismos.

    La experiencia en otros países enseña que es peligrosa toda ayuda que sobrepase el mínimo vital. Aunque buena parte de la crítica al sistema de bienestar norteamericano suena a ideología promotora del Estado mínimo sería insincero negar que cuando los subsidios superan o se aproximan al nivel de vida antes esperado se registran casos de ociosidad y pasividad  y, tal vez, se forme una especie de subcultura opuesta al esfuerzo individual. Calvino, a quien Weber  otorgó la paternidad espiritual del capitalismo, llegó a condenar hasta la limosna por enemiga irreconciliable del esfuerzo personal, indicio de la elección divina a la predestinación. Recordemos, sin embargo, que el subsidio financiero aunque sea sensiblemente inferior al salario mínimo real debe incluir además los costos de la escuela: transporte, uniforme, textos y mascotas.

    Estos tipos de subsidio a menores de hogares con mujeres jefes de familia en  extrema pobreza dependientes de la asistencia de los menores a la escuela han sido y son empleados en el país. Bastante rápidamente vamos superando algunas de las dificultades administrativas implícitas. Es cierto que el número planeado de beneficiados (25,000 familias, más tarde 100,000) es menor que la mitad ideal y que la mayoría de ellos reside en Santo Domingo pero la dirección parece correcta y mucho más esperanzadora que la mera prohibición de trabajos de alto riesgo de menores.

REFLEXIÓN FINAL

Este resumen del tratamiento del peor trabajo de los menores tiene entre otras la limitante de restringirse a la dimensión económica de menores dependientes de una mujer jefe de familia. Recuerdo, por ejemplo, la dificultad de aplicarlo a las zonas rurales en el caso de adolescentes madres de familia que buscan aparentemente liberarse del autoritarismo  del hogar rechazadas por la familia y medio abandonadas por su pareja. En ellas la pobreza económica extrema es realísima pero falta la dependencia altruista de la madre  y las motivaciones subyacentes a su situación incluyen otras dimensiones afectivas y ambientales.

    El núcleo del argumento es sencillo:  la práctica de trabajos riesgosos de menores no depende solamente del engaño por parte de avivatos y de la desinformación materna; una razón poderosa es que el hogar es sumamente pobre y que la paga de esos trabajos es sustancialmente mayor que la de trabajos socialmente aceptados. Como consecuencia la política defendida tiene que referirse también a ese hecho y  girar en torno a hacer mucho menor el “beneficio neto” de las  peores formas de trabajo infantil y en estimular económicamente otros trabajos compatibles con la escolaridad y con la salud física y psicológica de los menores aceptando que su aporte financiero al hogar es un mal menor que la pobreza extrema. Si no nos gusta busquemos una forma de eliminar la pobreza. Por supuesto siempre hay y debe haber lugar para una educación, al menos aristotélica, kantiana o cristiana, de la conciencia de las madres pobres, las poco comprendidas heroínas del drama.