Teoría económica de la corrupción  

Teoría económica de la corrupción  

POR JOSÉ LUIS ALEMÁN SJ
Bastantes gobiernos recién instalados se inauguran con promesas de combatir el clientelismo y de llevar la corrupción a nivel cero. Sorprende que al cabo de un año los resultados sean generalmente pobres.

   Como postulase Wolf, allá por finales del siglo XVIII, todo lo que es  tiene razón suficiente para  ser comprendido. La economía se ha lanzado al ruedo proponiendo hipótesis sobre las causas de la corrupción. Pero antes de adentrarse en su etiología somete a revisión su fenomenología para identificar los rasgos fundamentales de la corrupción y las diversas modalidades bajo las que aparece.

    Por inercia, la economía investiga la corrupción abstrayendo en la persona lo «puramente económico» y dejando a un lado dimensiones tan importantes en la realidad como la política, lo social, lo psicológico, lo religioso y lo moral. Surge así  el famoso «homo económicus», que sólo reacciona movido por intereses.

    No creo que esta óptica economicista, como dirán los que poco entienden de economía, nos lleve demasiado lejos en el estudio de la corrupción tal como la gente la percibe; pero sé que ese estudio aporta al espectador elementos importantes que suelen escapar a los no economistas.

    Además del presupuesto del «hombre económico», la economía solía, y todavía es esta la modalidad predominante, tomar como sujeto de toda acción al individuo con sus muy propias preferencias y con la regla operacional de elegir lo que le reportará previsiblemente su mayor satisfacción. Hay poco lugar para comportamientos cooperativos.

     Este preámbulo es importante para comprender el razonar económico. El buen economista sabe de sobra las limitaciones de estos dos presupuestos y no pretende que la realidad sea así y solo así. Al pasar de la teoría a la realidad tendrá, pues, que  ajustar sus opiniones económicas a la realidad donde las motivaciones son más complejas y el actor no funciona como un átomo fuera de órbita, sino como un elemento importante de la estructura social. Por eso, la persona monetaria o académicamente exitosa, no es siempre un buen asesor.

    Pienso buscar, más tarde, una explicación holística de la corrupción. Pero primero examinemos el menú ofrecido por la economía. Aidt, un profesor de  Cambridge, U.K., quien en noviembre del 2003 publicó en The Economic Journal una juiciosa revisión de la literatura económica, me servirá de guía.

¿QUÉ ENTIENDE EL ECONOMISTA POR CORRUPCIÓN?

    «La corrupción es una acción por la cual una oficina pública es usada para beneficio personal de un  modo que contradice las reglas de juego».

     Esta definición es bastante clara, aunque ignore la corrupción en el sector privado de empresarios que en connivencia con auditores perjudican a accionistas y a empleados (fondos de pensión) en beneficio propio sin mediar oficinas públicas: la mal llamada corrupción privada.

     Otra debilidad de la definición es tipificar como corrupción sólo aquellas acciones que contravienen las leyes sin considerar comportamientos generalmente vistos como impropios pero (¿ todavía? ) no sancionados por la ley.

    De lo que la definición carece  por extremadamente limitada queda compensado por sus ventajas de precisión. Sí podemos afirmar que estamos ante un arquetipo de corrupción universalmente tenida como tal, lo que permite un análisis empírico poco cuestionable.

    Las principales características de la corrupción así definida son entonces: a) poder discrecional del personal público (electo o administrativo) de diseñar o administrar regulaciones y políticas de una manera diferenciada (tratar a usuarios de manera distinta); b) poder discrecional que permite crear o extraer rentas en beneficio propio; c) existencia de instituciones débiles que dejan a políticos, administradores y empleados públicos un incentivo para usar su poder en beneficio personal contra las leyes.

CUATRO TIPOS DE CORRUPCIÓN PÚBLICA

    a) La corrupción eficiente es aquella en la que los actores económicos no gubernamentales sobornan al personal público administrativo, para brincarse las ineficiencias de largas esperas para lograr permisos concedibles a todos o para lograr un contrato puesto a subasta pública.

    En el primer caso son servidas primeramente aquellas personas que quieren ahorrarse la molestia de la cola de solicitantes y que para ello pagan un extra a buscones que lo comparten después con los administradores de las oficinas públicas.

    Las pseudosubastas dan preferencia a los empresarios oferentes de proyectos de compras o de construcciones que ofrecen tácitamente un mayor «porciento» que no figura en el monto del proyecto por ser pagados «debajo de la mesa».

    El calificativo de «eficiente» se deriva del ahorro de tiempo y de costos de transacción netos del soborno con el que se pretende  superar las ineficiencias de las instituciones que provocaron listas de espera o nimias exigencias en la decisión de determinar cuál proyecto es el mejor. El soborno es entonces una vía fácil para distribuir riqueza entre políticos y burócratas, por una parte, y actores privados por otra parte, y de aumentar la riqueza total del país.

    La debilidad principal de este argumento es ignorar el hecho de que las instituciones sociales creadas para ofrecer servicios públicos hayan sido diseñadas muchas veces  por políticos, precisamente para incrementar su potencial de corrupción.

     b) Otra forma de corrupción se da cuando una autoridad benévola que no busca su interés personal delega poder de decisión a agentes no benévolos. La dificultad con que se encuentra el actor principal que busca erradicar la corrupción  radica en la comparación de los beneficios sociales de esta política con sus costos.

     Los costos principales de una política anticorrupción son altos salarios a los empleados públicos, monitoreo y supervisión de los agentes en cumplimiento de sus atribuciones, costos legales del sometimiento a juicio de los infractores. Estos costos son importantes en la recaudación de impuestos. Los beneficios sociales pueden ser aproximados por el monto de la recaudación fiscal neta de los costos señalados.

     Altos salarios públicos son eficaces para controlar la evasión fiscal, incentivando a empresas que pagan correctamente sus impuestos y penalizando a la competencia evasora, lo que redunda a favor de inversiones de mayor calidad por ser respetuosas de los derechos y deberes de propiedad, pero atraen a personas con habilidades empresariales que serían  más útiles en el sector privado.

    c) Bien distinta es la corrupción con  un principal no-benévolo, o sea aquella en la que se presupone que todos los actores públicos, políticos, burócratas y empleados, son corrompibles. Los incentivos a la corrupción y la debilidad extrema del poder judicial y congresional son queridos y favorecidos por  los políticos y, en la práctica, están restringidos en regímenes democráticos solamente por el miedo a perder elecciones.

    No hay que ser un lince para ver con claridad que la corrupción querida por los políticos puede dirigirse al enriquecimiento propio, a satisfacer la presión y las necesidades de las bases y de los dirigentes políticos medios, e incluso de grupos sociales empresariales o populares.

       Probablemente estas subespecies de corrupción son no mutuamente exclusivas. Tampoco debemos olvidar unas palabras de Clinton al poner en circulación su biografía: «A pesar de lo que se diga, los presidentes buscan sinceramente lo que creen que es mejor socialmente»… dentro del margen más bien estrecho de las posibilidades.

           d) La corrupción autogenerada depende de factores sociales e históricos y no solamente de incentivos institucionales como han sido descritos al tratar sus tres primeros tipos.

    Aidt, nuestra fuente de inspiración, la describe afirmando filosóficamente que el grado de uso de incentivos institucionales de corrupción depende críticamente de si los individuos perciben que la mayor parte de los componentes de su grupo de referencia esperan  una conducta corrupta.

    Efectivamente, es más difícil fiscalizar a personas corruptas en una sociedad en la que prevalece la corrupción. Es difícíl evitar que sean corruptos quienes han interactuado toda su vida con personas corruptas.La recompensa de preferir la búsqueda de rentas sobre la actividad empresarial o laboral, es más grande cuando una buena parte de los miembros de la sociedad acepta comisiones y sobornos que hacen más cómoda su vida sin temer penas teóricas. Corrupción genera más corrupción.

    Concluyendo: Sociedades con muy similares instituciones pueden experimentar diversos tipos de corrupción. La historia de cada país tiene un papel dominante como determinante de la corrupción. No es lo mismo haber nacido en una colonia independiente, en la práctica, de la metrópolis que en otra donde esta nombra todos los cargos y regula las principales instituciones sociales. El tipo de control legal y socialmente efectivo depende en el primer caso de los miembros de la colonia, en el segundo de muy lejanas autoridades.

    Termino diciendo que los economistas sí estamos interesados en el estudio e investigación de la corrupción. Pero, y esto lo dejo para el próximo jueves, la evaluación moral de sus formas difiere, tal vez sustancialmente, de lo que opinan personas con distinta formación profesional. Pero a la hora de diseñar terapias anticorrupción, el aporte de la economía puede ser sustancial.

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