EDUARDO JORGE PRATS
Gran revuelo ha causado la calificación de la República Dominicana como un estado fallido. No hay que ser un especialista en la disciplina anglosajona del «state building» (construcción de Estados) y en la doctrina de los «estados fallidos» o «colapsados» para darse cuenta que nuestro país no encaja en los criterios que determinan el fracaso estatal.

Ni el gobierno ha perdido control de su territorio, ni la autoridad carece de capacidad para tomar decisiones o prestar servicios públicos, ni la población depende del mercado negro para acceder a bienes y servicios. Tampoco sufrimos una intervención militar extranjera ni el Estado ha perdido el monopolio legítimo de la fuerza.

Es cierto que la policía no puede acceder a ciertos barrios que están controlados por bandas de delincuentes o pandillas juveniles. Pero ello no significa perder el control del territorio como en Colombia, a menos que queramos calificar a Estados Unidos como nación fallida por el mero hecho de que en Los Angeles o en Nueva York, de tiempo en tiempo, le es imposible a la policía asegurar la seguridad ciudadana por la preeminencia de narcopandillas o acceder a zonas bajo control de militantes que defienden el derecho a portar armas y resistir la intervención de las fuerzas federales.

Somos, si se quiere, y para utilizar una genial expresión de José Israel Cuello, un «estado fallando», es decir, un Estado que es reticente a cumplir con las exigencias mínimas del Estado de Derecho (respetar la legalidad y los derechos fundamentales), el Estado Social (asegurar el acceso de la población a los servicios públicos mínimos y a los bienes sociales básicos) y del Estado de Seguridad (que busca minimizar los peligros inherentes a la sociedad global de riesgos en que vivimos).

Es comprensible la atracción que ejerce sobre nuestra intelectualidad la calificación pues la misma entronca con el histórico pesimismo dominicano que desde Lugo hasta Jimenes Grullón ha cuestionado la posibilidad real del Estado dominicano. Pero considerar al Estado una ficción en la coyuntura dominicana conduce al inmovilismo político y social. Nada que ver con la acción comprometida con el cambio a que mueve el Informe Nacional del PNUD, la Encuesta Nacional de Cultura Política y Democracia Demos 2004 y los esfuerzos denodados por la concertación social y las reformas de los dominicanos.

El Imperio (en el sentido Negri/Hardt) necesita conceptuar el Tercer Mundo como zona fallida abierta a la intervención de la policía global y a la lógica del campo de concentración (Agamben). De hecho toda la estrategia militar y de política exterior de los Estados Unidos se está reconfigurando alrededor de esta noción, pues se entiende que los estados fallidos son la principal amenaza para el orden internacional.

Felizmente, el peligro de ser calificados como Estado fallido fue detectado a tiempo por el Presidente Leonel Fernández y el resto del tren gubernamental, quienes reaccionaron rápidamente en los medios. Ojalá esta retórica sea acompañada por un esfuerzo real para eliminar las debilidades del Estado dominicano y para comprometerse, con el apoyo de la comunidad internacional, en la construcción del Estado haitiano, el cual sí es una verdadera amenaza para la isla y para nuestra estabilidad.

En este sentido, necesitamos una política exterior proactiva y dinámica que aproveche el caudal de recursos internacionales disponibles para enfrentar la crisis haitiana y que fomente proyectos de interés común para las naciones que comparten la Hispaniola. El fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la implementación de una política migratoria realista y garantista de los derechos humanos, el desarrollo integral de la zona fronteriza, el combate del contrabando, el tráfico ilícito de personas, el narcotráfico y el terrorismo, el desarrollo de los recursos ecológicos, y el incentivo del libre comercio a ambos lados de la frontera, debe formar parte de esta agenda binacional.

Los dominicanos comenzamos a construir el Estado en las peores condiciones de 1844. Hoy somos una nación más desarrollada y justa que la que se asomó a la independencia en el siglo XIX. El proyecto nación que necesitamos no puede ser implementado a partir del pesimismo estructural de nuestro ancestral conservadurismo o del etnocentrismo de los imperialismos de nuevo cuño. El primer paso para cambiar es creer en la posibilidad del cambio.