Atlanta, (EFE).- El año 2011 termina sin la aprobación del esperado DREAM Act, que ha dejado a los estudiantes indocumentados de Estados Unidos a merced de leyes estatales que en ciertos casos juegan a su favor y en otros en su contra. «Financiar la educación universitaria es particularmente difícil para la juventud indocumentada porque no es elegible para recibir ayuda financiera federal bajo las actuales leyes federales, y aún las relativamente asequibles universidades públicas», dijo a Efe Azadeh Shahshahani, representante de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Georgia (EE.UU.).

 La activista agregó que en la mayoría de los estados a los estudiantes indocumentados se les cobran las tarifas para estudiantes que no son del estado, lo que es prohibitivamente caro para la mayoría de las familias inmigrantes. Sin un DREAM Act, señaló Shahshahani los estudiantes indocumentados están expuestos a un «peso financiero apabullante, políticas de inscripción discriminatorias y la constante amenaza de la deportación».

La ausencia de una ley federal que brinde mayores oportunidades educativas a jóvenes indocumentados, ha dejado el camino abierto a los estados para aprobar leyes que puedan disminuir esta brecha.

 Ante esta situación, al menos trece estados han aprobado leyes para equiparar los costos de matrícula para estudiantes indocumentados con los que son residentes legales, una medida que no sólo ayudaría a estos estudiantes a continuar con sus estudios, sino que también aportará fondos extras a los mermados presupuestos estatales, según los expertos.

 Los estados que han presentado o ya cuentan con leyes a favor de un costo de matrícula equiparada son California, Kansas, Nebraska, Nueva York, Colorado, Utah, Washington, Wisconsin, Texas, Illinois y Nuevo México, Rhode Island, Connecticut, Maryland y Oregon. Georgia, por el contrario dio un giro en el sentido contrario y en este otoño empezó a implementar una medida que restringe el acceso de estudiantes indocumentados en cinco de las universidades públicas con cupo limitado.

La medida, fuertemente criticada por activistas proinmigrantes, estudiantes y cuerpo docente, obliga a Georgia College & State University, Medical College of Georgia, Georgia State University, Georgia Institute of Technology y University of Georgia a dar prioridad a residentes legales y ciudadanos frente aquellos estudiantes indocumentados. «Ya es tiempo de que la Junta de Regentes de Georgia revoque esta política discriminatoria, fundamentalmente injusta y con poca visión de futuro económicamente», indicó Shahshahani.

Antes de que la medida entrara en vigencia, las universidades públicas de Georgia permitían la matrícula de inmigrantes indocumentados, aunque no podían recibir ayuda federal o estatal y debían pagar la tarifa reservada para quienes no son residentes del estado.

 Varias encuestas han dado un fuerte apoyo a la aprobación del DREAM Act, cuyo último intento por aprobarlo en 2010 fracasó y que habría dado la opción de legalizar a cerca de 2,1 millones de jóvenes indocumentados que fueron traídos por sus padres a Estados Unidos cuando eran niños y que de obtener estudios superiores aportarían miles de millones de dólares a la economía. EFE m