POR TANIA HIDALGO
El fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, y el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Luis Arias, al concluir una reunión ayer, anunciaron que dejaban claramente establecido que no existe ningún impasse entre ellos y que los fiscales tienen toda la libertad de supervisar las oficialías del estado civiles.

Arias visitó ayer al fiscal Hernández Peguero en su despacho.

Dijo Arias que los trabajos de supervisión iniciarán tan pronto la JCE termine la automatización de las oficialías.

Sostuvo que en esos trabajos se están invirtiendo US$35 millones de un préstamo.

«Con esta visita se deja resuelto de manera definitiva esa dificultad que teníamos para poder actuar.  Hemos observado que las oficialías han iniciado un proceso de digitación de toda su documentación y con el departamento especializado de la Junta nos pondremos de acuerdo para iniciar las oficialías del Distrito Nacional», dijo el fiscal.

Hernández Peguero había protestado la disposición del presidente de la JCE que prohibió a los fiscales penetrar a las oficialías del estado civil.

Sin embargo, el presidente de la JCE dijo que nunca se opuso a la supervisión y que «lo que se discutía era la modalidad que vamos a aplicar. Ahora lo someteremos al pleno de la Junta”.

Arias acudió a la fiscalía en compañía del miembro de la JCE, Rafael Díaz Vásquez, y de Servio Tulio Almánzar, director de registro civil.

En otro orden, Arias dijo que fueron sancionados los empleados de las oficialías donde se expidieron actas a sacerdotes.

Hernández Peguero explicó que serán los fiscales de esas jurisdicciones quienes determinarán si acusan ante los tribunales a los sacerdotes, luego de que se concluya la investigación.

Sin embargo, dijo que si fuera a él a quien le correspondería actuaría contra los sacerdotes Pedro Ruquoy y Vigy Bellerive, quienes fueron acusados de declarar niños haitianos.

Arias dijo que fueron sancionados los empleados de las oficialías donde fueron expedidas actas de nacimiento a un sacerdote que declaró como hijos suyos a varios haitianos.

Sostuvo que la JCE cumplió con su deber al anular las actas que se expidieron.

De igual manera, dijo que desconoce que existan oficialías civiles paralelas, como se publicó en un medio de comunicación.