JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ROJAS
Creemos, sin lugar a equívocos, que la pasada contienda electoral no obstante ser congresual y municipal, ha sido hasta la fecha la más costosa, por haberse dilapidado con mayor profusión, recursos económicos y personales, sin que ambos hechos hayan contribuido al mejoramiento de la tan anhelada democracia representativa. Por simple curiosidad, cada vez que nos desplazábamos hacia el interior, íbamos leyendo las diferentes promociones de los “candidatos” y llegamos a la conclusión que nuestra falta de conocimiento de la política dominicana era enorme, ya que apenas pudimos reconocer menos de un diez por ciento de estos flamantes “aspirantes”, todos dispuestos a “trabajar por mí” y de llegar al “sacrificio” en aras de engrandecer la Patria.

Cuánta palabrería fútil digna de figurar en los anales destinados al zafacón.

En verdad, la Junta Central Electoral (JCE) debe legislar en el sentido de acortar el período de la campaña electoral. Entendemos que cuarenta y cinco días serían un plazo adecuado el cual impera en muchos países, especialmente en aquellos como el nuestro, que somos pobres. Se afirma que se gastaron en promoción más de cuatrocientos millones de pesos, sin contar con el número de plantas eléctricas, boletas, urnas, pago de policía electoral y un costo no cuantificado que significó más de cuatrocientos observadores internacionales que permanecieron en nuestro país por casi un mes, a los cuales hubo que pagarles boleto de viaje, hotel y viáticos para manutención, además de proveerles un vehículo con chofer.

¿Nos podremos dar este lujo nuevamente? Definitivamente no. Hay que desterrar la idea de que las elecciones son una contienda en la cual se le quiera introducir por ojo, boca y bolsillo al elector, determinados candidatos que no reúnen las condiciones mínimas para aspirar a un cargo electivo, sobre todo si es congresual, en donde muchos de los pretendientes, sólo irían al Congreso a levantar sus manos en los diferentes proyectos y cobrar su sueldo al final del mes.

Así como los candidatos dispusieron de recursos para colocar sus afiches, banderolas y “graffiti” en todos los rincones de su demarcación, deben de ser obligados, por esa misma JCE que les proporcionó los recursos económicos para financiar su campaña, a remover todos estos artilugios, so pena de ser sometidos a la acción de la justicia o de ser imposibilitados de participar en comicios venideros. Debe haber una sanción ejemplarizadora para aquellos que se nieguen o simplemente se “hagan los chivos locos”, en devolver a la naturaleza su esplendor, al eliminar esta agresión visual tan desagradable para la ciudadanía, conculcando de paso sus derechos al agredirse deliberadamente el medio ambiente.

Los países tercermundistas como el nuestro, no necesitan desarrollar campañas electorales tan sofisticadas, ni tampoco tan costosas, ya que la mayoría de las veces resultan contraproducentes contra el que las ejecuta. La pregunta obligada es: ¿De dónde sacan los recursos económicos candidatos cuyos haberes resultan insuficientes para la promoción que ejecutan? Se afirma y al parecer es verdad, que aquellos que se creen tener posibilidades, recurren a empresarios y prestamistas y empeñan por anticipado parte de los sueldos que devengarán, llegando inclusive a comprometer las exoneraciones de los vehículos de lujo a los cuales tendrán derecho a importar.

Si algo huele mal en Dinamarca, en el Congreso la peste es insoportable. Los candidatos conocen de esa podredumbre y también de las canonjías que se perciben por la aprobación de un determinado proyecto de ley, sobre todo si el mismo significa un gran negocio para los promotores.

Ellos se consideran parte de los beneficiados y por lo tanto le ponen un precio a su voto en el hemiciclo.

La Cámara de Diputados, que ya había sido ampliada para albergar los nuevos diputados, deberá ampliarse de nuevo para recibir los nuevos parlamentarios. Si se continúa fragmentando el territorio nacional para saciar la apetencia de los políticos, terminaremos con más provincias que la antigua Unión Soviética. Debemos reconocer que nuestros aborígenes, con la división original de toda la isla en cinco cacicazgos, tenían más visión que los legisladores actuales.

Exigimos pues, como ciudadanos que deseamos ver nuestro país con el esplendor que la naturaleza le ha provisto, la remoción inmediata de todos los cartelones, afiches, banderas, banderolas, cruza calles y todo aquello que dañe el derecho que tenemos a una sana y recreativa visión de nuestro solio patrio.