Uno de los mayores aciertos del Informe 2008 del PNUD, sobre Desarrollo Humano República Dominicana, ha sido la incorporación del tema del territorio como punto central para una práctica y una teoría sobre el desarrollo en nuestro país.

Desde siempre, el territorio ha sido el lugar privilegiado para la producción y distribución de los bienes producidos por el trabajo y el capital, y al mismo tiempo el lugar donde se plasman las grandes diferencias políticas, de oportunidades de las personas al acceso a esos bienes, de estilos de vida y hasta de cultura de toda sociedad.

Ninguna economía, a la larga, puede ser eficiente si no es cimentada en una clara política sobre las complejidades, especificidades y potencialidades (humanas y materiales) de cada territorio y ningún proyecto de desarrollo puede ser sostenible si no se orienta hacia la promoción de la inclusión social, del desarrollo pleno del ser humano.

Este aserto es válido tanto para los gobiernos nacionales y locales como para las comunidades radicadas en cada territorio.

En tal sentido, los procesos de gestión y ordenamiento del territorio, por las actividades, acciones y contradicciones de diversos tipos que en éste se produce, se constituye en un punto esencial para el ejercicio de la política y para la actividad económica en toda sociedad, para enfrentar con éxitos los grandes desafíos del presente momento que vive la humanidad.

Se acaba de iniciar la temporada de ciclones y huracanes de cada año y nos encontramos con la misma situación que precedió el paso de las tormentas Noel y Olga a finales del año pasado, que causaron centenares de pérdidas de vida humana en diversos asentamientos humanos situados en zonas de alto riesgo.

Como si nada hubiese pasado esos asentamientos siguen radicados en el mismo lugar.

Algunos hablamos de que la mejor manera de manejo de los fenómenos naturales que potencian los graves problemas sociales de este país es planteándonos la necesidad de una política de ordenamiento y ordenación territorial en los niveles nacionales y municipales y que es necesario que el Estado dominicano se aboque al diseño de una política nacional en materia urbana y territorial que le sirva de marco a los poderes locales en la gestión del espacio urbano y sus entornos rurales.

Pero, a pesar de la pertinencia de la exigencia de esas políticas, sólo se escucharon algunas declaraciones de uno que otro funcionario, sin resultado concreto alguno y sin que quienes dirigen los destinos del país entienda que una eficiente y moderna administración de lo público pasa necesariamente por una clara política de ordenamiento territorial.

El referido Informe, que se hace público en esta particular época del año, constituye una óptima oportunidad para que replanteemos la discusión del tema del ordenamiento territorial, desde la perspectiva de gestión de ciudades y entornos rurales con planes maestros de la ordenación que controlen el crecimiento de los asentamientos urbanos pero que garanticen el derecho al suelo y a la vivienda en áreas seguras y dignas.