Reynaldo Peguero considera que las autoridades correspondientes deben velar porque no se afecte el recurso agua en nombre del desarrollo urbano.

La recién promulgada Ley de Ordenamiento Territorial no será suficiente para eliminar el caótico desarrollo urbano y la creciente tendencia de cambio de uso de suelos agrícolas por urbanizaciones, si no se produce una sinergia entre los gobiernos locales y el Gobierno central que, permita garantizar, la seguridad alimentaria y el acceso al agua potable.

Ese planteamiento fue expuesto por Reynaldo Peguero, experto en desarrollo urbano, quien afirma que, si bien la nueva normativa es un instrumento vital para imponer orden en los territorios, la mayoría de los cabildos no cuentan con recursos suficientes ni con estrategias de planificación que pongan freno al caótico crecimiento urbano.

El especialista, que es director ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), estima que se debe fortalecer económicamente a los gobiernos locales, para lo cual basta con que se les otorgue el 10 por ciento del Presupuesto Nacional, como dispone la ley.

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Sin embargo señala que, a parte del tema financiero, hay que dotarlos de herramientas técnicas que están disponibles, por ejemplo, en el Instituto Geográfico Nacional, la cuales permiten visibilizar el estado actual de los territorios rurales y urbanos.

“La Ley de Ordenamiento Territorial concreta uno de los anhelos que teníamos todas las personas que trabajábamos el tema del urbanismo en la República Dominicana. Ahora bien, el hecho de que se tenga un marco jurídico no quiere decir que se tienen resueltos todos los problemas, porque siguen las grandes inequidades de la inversión.

“En la República Dominicana, la ley que le asigna a las alcaldías el 10% del Presupuesto Nacional nunca se ha cumplido, y en estos momentos no pasa del 2 por ciento. Quiere decir que aparecemos, en los análisis que hacen el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, como una de las naciones en los gobiernos locales tienen menos capacidad de inversión en urbanismo y desarrollo”, destacó Peguero.

Al hacer esos señalamientos refirió que, cabe destacarse, la inversión que desde el Gobierno central se ejecuta en Santiago, que ascenderán a 42,000 millones de pesos hasta 2025. En ese sentido planteó que también debe pensarse en 15 “congregaciones urbanas” que ameritan grandes inversiones y equidad.

Impacto desorden urbano

La falta de planificación, y permitir que particulares construyan donde les plazca, sin tomar en cuenta los problemas que se puedan presentar a futuro, podría dejar repercusiones muy negativas en el país, según los planteamientos de Peguero.

En ese sentido expresó que el impacto principal recae en la seguridad alimentaria, pues cuando se reducen las tierras destinadas a la agricultura, por varilla y cemento, se atenta contra el abastecimiento y se cae en las importaciones que incrementan los precios.

“Si las tierras que deben ser utilizadas para la agricultura se usan para crecer urbanísticamente, tú estás afectado la seguridad de la alimentación de todos los dominicanos.

“En este momento lo que está pasando es que estamos tomando tierra de clasificación agrológica, donde lo que se debe es sembrar, proteger el bosque y al mismo tiempo el agua”.

En ese sentido Peguero expresó que el Gran Santo Domingo sufre las consecuencias del manejo incorrecto del recurso agua, tanto por el abastecimiento como por la contaminación.

Por eso no le parece fortuito el brote de cólera detectado en La Zurza, un sector del Distrito Nacional ubicado en la ribera de las contaminadas aguas del río Isabela.