Tiempo de blindar a los pobres

El presente contexto internacional no trae buenas noticias a la población en general, en particular, a la población más pobre. El consumo privado y el dinamismo económico de las principales economías del mundo están cayendo y según las proyecciones continuarán disminuyendo hasta el primer semestre del año 2009. El país no escapa a este hecho, lo que se evidenciará en una caída del ritmo de crecimiento de la economía, ya estimado en 5% para este año y 3% en el 2009. Hay que recordar que en el período 2005-2007, la economía dominicana creció a un ritmo promedio de 9.5%.

Y los efectos negativos en la población ya han empezado a sentirse.

Desde el año pasado los ingresos reales de la población más pobre empezaron a disminuir y se espera que esta tendencia continúe, tomando en cuenta la inflación proyectada para este año de alrededor de 11%. En consecuencia, los ingresos  fiscales están reduciéndose en relación a lo estimado, y se proyecta un aumento del desempleo en el corto plazo, así como del número de pobres.

 De hecho, las estimaciones realizadas a abril 2008 sugieren que la tendencia positiva de reducción de la pobreza a partir del año 2005 podría estarse revirtiendo por el impacto de la inflación importada a la fecha.

En estos días se está discutiendo el presupuesto del gobierno central del año 2009 y como premisa se ha tomado la decisión de no aumentar las partidas presupuestarias a todas las instituciones públicas, incluyendo las autónomas y descentralizadas.

El impacto del aumento salarial en el sector público en agosto del presente año y las estimaciones de ingresos en el 2009 en niveles muy similares a la del año 2008, explican en gran parte la decisión tomada por el gobierno.

Parecería que no hay espacio fiscal para proteger y ampliar aquellos programas públicos que de alguna manera tienen un impacto positivo en la población más pobre. En la presente situación y ante el panorama previsto para el año 2009 se impone la protección social de la población pobre, lo que significa un ejercicio prudente de reasignación del gasto público.

La inversión en educación, salud, seguridad social, agua y saneamiento y vivienda deben priorizarse, así como programas esenciales como la afiliación de la población pobre al seguro familiar de salud, los programas para mejorar la empleabilidad de la población joven y las mujeres, los programas de salud colectiva y el desarrollo de la red única de salud en el sector público, así como los programas para la ampliación del acceso y fortalecer la calidad de la educación en el país, y los programas de protección de la población contra el riesgo de desastre y la pobreza extrema, entre otros.

Lo que requiere la coyuntura actual son políticas activas para blindar a la población de los efectos negativos de la crisis económica internacional.

Por ello no es fortuito que toda Europa y Estados Unidos estén pensando en paquetes de emergencia de programas públicos para generar empleo y proteger el ingreso de los hogares más pobres. Esta debería ser nuestra tarea.