Dos anuncios gubernamentales positivos producidos esta semana nos recuerdan  que es tiempo suficiente para pasar revista a dos importantes decretos del presidente Danilo Medina concebidos para reducir la malversación de los fondos públicos y los altísimos niveles de corrupción que han carcomido el alma de la sociedad dominicana: los 499-12 y 608-12 que establecen un plan de austeridad y ratifican la disposición de comprar todos los medicamentos e insumos sanitarios a través del Programa de Medicamentos Esenciales (PROMESE-CAL).

Y si vamos a pasar revista, hay que incluir las Iniciativas Participativas Anticorrupción (IPAC) en las que se comprometió el Estado dominicano hace casi tres años, tras extensas jornadas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil y los organismos multinacionales que operan en el país, como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Unión Europea, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y varias delegaciones diplomáticas.

El primer anuncio positivo fue formulado por el Tesorero Nacional, Alberto Perdomo Piña, durante un encuentro con los reporteros auspiciado por la Dirección General de Comunicación del Palacio Nacional, quien dio seguridades de que se trabaja intensamente para implementar una de las más importantes IPAC, la implementación de una cuenta única para todas las instituciones gubernamentales.

El funcionario citó los objetivos de la cuenta única: transparencia, reducción de la discrecionalidad y de las posibilidades de dolo y malversación. Ponderó que se han cerrado 2,400 cuentas bancarias y que esperan establecer la unificada el año próximo. Al aprobarse las IPAC a fines del 2010, se estimaron en unas 6,000, decenas en la mayoría de las entidades, sobre todo las que manejan lo que eufemísticamente llaman “ingresos propios”, que no son otra cosa que tasas por servicios públicos.

De la lentitud no se puede culpar al gobierno actual, sino a su antecesor, que en casi dos años no hizo esfuerzos  suficientes al respecto. Aunque debe reconocerse que varios funcionarios importantes se comprometieron con las iniciativas desde su discusión. Una comisión quedó encargada de pasar balance periódico del avance de las IPAC, la cual podría arrojar luz sobre el proceso.

El otro anuncio, salió de  la directora de PROMESE-CAL, al informar la rebaja hasta en un 93 por ciento en los precios de 82 fármacos de gran demanda en las ventas en las 449 farmacias que sostiene la institución. La doctora Elena Fernández ha demostrado con hechos contundentes a lo largo de casi una década, que las compras masivas del Estado, y con licitaciones y concursos transparentes, arrojan grandes reducciones de costos.

La ejecutiva aprovechó para recordar la disposición del presidente Danilo Medina de que todas las compras de fármacos, insumos sanitarios y reactivos de laboratorios del sistema nacional de salud tienen que hacerse a través de las licitaciones y programas de PROMESE-CAL. Lo dispuso el presidente Medina mediante su decreto 608 del 10 de octubre pasado, una reiteración del decreto 991 del 18 de octubre del 2000, con el que el entonces presidente Hipólito Mejía creó la central con el mismo objetivo. Pero ese gobierno ni el que lo sucedió durante ocho años hicieron esfuerzos por terminar la corrupción de las compras sin licitaciones.

La revisión nos remite a un tercer compromiso, y de múltiples implicaciones: el decreto 499-12 del 22 de agosto del 2012 con el que el presidente Danilo Medina estableció un programa nacional de austeridad para todas las instituciones del Estado, con la única excepción de los tres bancos estatales.

La impresión es que muchas de sus disposiciones se han cumplido y que se ha reducido la malversación y el robo de lo público, pero que falta mucho por hacer. El decreto indica que “Se presentarán informes trimestrales financieros institucionales que permitan evaluar el cumplimiento de las medidas”, y responsabiliza a la Contraloría General de aplicar la ley en caso de incumplimientos, y el Poder Ejecutivo se reserva posibles destituciones. Parece que es tiempo suficiente para meter manos a la obra.