El mundo está inmerso en una sus peores crisis económica, política, social y moral, que lo arrastra hacia una insoportable incertidumbre sobre su futuro. Muchos tienen pleno conocimiento de la profundidad de esta crisis, pero prácticamente nadie sabe cómo salir de ella ni qué se encontrará a la salida del túnel. A nosotros como país, esa circunstancia no nos es ajena, vivimos los elementos esenciales que la configuran, agravados por la laxitud, el cinismo político, la ausencia de referencia ética y la irresponsabilidad de muchos actores de la clase política y de algunos intelectuales.

Durante mucho tiempo, el sistema político dominicano ha dado muestra de una sólida estabilidad. Sin embargo, la agudización de los elementos configurativos del clima de incertidumbre arriba señalados, más la acentuación de la vocación de no reconocimiento de las reglas básicas de la institucionalidad democrática en sectores de los poderes legales y fácticos del país, determinan una atendible preocupación de muchas personas sobre el futuro del referido sistema y de esta sociedad.

Dan consistencia a esa preocupación, la crisis que ha generado el presidente de la Junta Central Electoral, al reducir las competencias del anterior encargado del Centro de Cómputos de esa institución, provocando la renuncia de este, la forma en que se conoció la presente Ley de Presupuesto General del Estado, el anuncio del Presidente de la República de que tenía licencia para gastar 40 mil millones de pesos durante la campaña para revertir la ventaja que, según las encuestas, tiene el principal conteniente de la oposición sobre el candidato oficial.

A eso se suma la compra de cadenas de medios radiales y de espacios televisivos de parte de sectores del Gobierno, la profusa campaña de publicidad gubernamental, el evidente uso masivo de los recursos del Estado a favor del candidato oficial, la incorporación de grupos empresariales de países extranjeros a las políticas de construcción del Estado, que se han constituido en nuevos monopolios político/empresariales que compiten de manera desleal con sectores productivos nacionales. 

Estos elementos configuran una forma de dominación política que, por los intereses político/clasistas representados por sus principales figuras, tiende a desarrollar una lógica de reproducirse en el poder a través del desconocimiento de las reglas formalmente establecidas por las instituciones del Estado.

Se registran casos de sociedades donde se han establecido poderes de esa naturaleza, que antes de salir de ellos han sufrido profundas laceraciones en su tejido social, como en Italia con Berlusconi, quien creó una estructura de poder mediático/mafiosa en contubernio con sectores empresariales, de la derecha  ultranacionalista/xenófoba,  reinando con ellos durante casi dos décadas.

En tal sentido, no están muy descaminados quienes expresan preocupaciones sobre el desenlace de la presente coyuntura política, signada por un proceso comicial evidentemente viciado,  iniciado  con más de siete meses de antelación y donde el  despilfarro de recursos utilizados por el Estado permiten pensar que este quiere imponer su continuidad en poder, a pesar de los altos niveles de ilegitimidad (desaprobación) que ya tiene y con acciones que rayan ilegalidad, como ya incurre.

En tiempos de crisis, ningún desenlace es descartable. Podríamos estar volviendo a los tiempos en que vivíamos en peligro.