En el transcurrir de los acontecimientos ocurridos en los últimos tiempos de vida democrática, se pueden encontrar muy  pocos dolientes del patrimonio del Estado Dominicano.

Si observamos lo que ocurre con la propiedad inmobiliaria del Estado, donde por la demagogia de nuestros políticos vemos que los profesionales de las invasiones a la propiedad privada  realizan sus ilícitos, alegando que esos terrenos son del Estado y cuando el legítimo propietario le presenta su Título legal lo califican de falso, aunque el invasor no presenta ninguno.

Estos invasores se amparan con la benevolencia del Instituto Agrario Dominicano, encubridor de las asociaciones de malhechores o gavillas de bandas de invasores de tierras privadas o del Estado, debido a que como el AID entrega certificados provisionales a los parceleros, que no invalidan los Certificados de Títulos  expedidos por los Registradores de Títulos, los cuales, a sabiendas de que dichos terrenos son propiedad privada, arguyen que son del Estado y se introducen. En 1962, se promulgó la Ley 5869 que sanciona a los invasores de la propiedad privada, sin mencionar las del Estado, pero el artículo 32 del CPP extinguió el derecho fundamental de propiedad.

La ley de Registro Inmobiliario No. 108-2005, en su artículo 113, indica que las infracciones en materia inmobiliaria, son contempladas por el derecho común, y en el artículo 86 la revisión por causa de fraude.

Declarar las propiedades del Estado de utilidad pública deviene en ilegalidad, sin que previamente exista una sentencia que haya transferido dichos terrenos a una propiedad privada.

Los Procuradores Fiscales deben acusar  de violar el Artículo 96 del Código Penal, que sanciona con 20 años a “aquel que para invadir los dominios, propiedades o rentas públicas”, o “aquel que para pillar o repartir propiedades públicas o nacionales”. Artículo, olvidado, baluarte para defender la propiedad estatal, que inflexiblemente debe aplicarse  en el caso de la Bahía de las Águilas.

Con la indolencia como  tratan las propiedades del Estado, también se incurre en atentar  contra la soberanía nacional y la seguridad interior del Estado, con el problema gravísimo de la inmigración, que perjudica a la nación dominicana.

La irresponsabilidad de los funcionarios públicos, su indulgencia corrupta, en el ejercicio de sus funciones, son los que provocaron los acontecimientos que nos llenan de vergüenza y  deben ser solucionados ejemplarmente. Tenemos que elevar el patriotismo. “Ningún pueblo ser libre merece”.