En su obra “Ética nicomáquea”, Aristóteles identifica la justicia como la virtud más necesaria de todas para la conservación del mundo. Ciertamente, su carencia genera tal desaliento, impotencia y frustracción que amenaza el climax necesario en un Estado Social, Democrático y de Derecho.
Por eso, la Marcha Verde, ese movimiento social que está reescribiendo las páginas de la historia dominicana, pone el dedo en la llaga de este pueblo cuando en la celebración de su primer año de existencia coloca la demanda de la transformación de la Justicia en primera línea.
Y es que en la larga cadena de la impunidad, la sordera del sistema judicial contra el clamor de este pueblo ocupa un lugar cimero.
Para muestra un botón: En el informe “La Corrupción Sin Castigo”, Participación Ciudadana analizó como del 2000 al 2013, de unos 227 casos graves de corrupción, sólo seis tuvieron sentencias definitivas, dejando a los demás sumergidos en el imperante mal de la impunidad.
Así que tiene razón la Marcha Verde cuando, dentro del conjunto de propuestas de transformaciones institucionales y políticas para desmontar el régimen de corrupción e impunidad, propone la transformación de la Justicia y del Ministerio Público. Para lograr esto, el movimiento pide «realizar de inmediato transformaciones constitucionales que garanticen que estas entidades actúen con plena independencia política, funcional y administrativa de todos los grupos políticos y económicos, así como una profunda profilaxis en su actual conformación, sustituyendo a todos los integrantes con vínculos partidarios y socios del sistema de impunidad”.
Un pedido nada necio si se toman en cuenta los datos de la encuesta Gallup HOY (octubre del 2017) que señalan que el 60.6% califica como muy malo el desempeño de los jueces para enfrentar la corrupción o del ranking del Foro Económico Mundial que, en materia de independencia judicial, sitúa al país en la posición 130 de 137.
Por eso, el movimiento insiste en la necesidad de implementar un efectivo sistema de carrera administrativa, que ponga fin y criminalice el uso del Estado como agencia de botellas, mantenimiento de aliados y delincuentes políticos, para dar paso a una institucionalidad concentrada en la prestación de servicios a los ciudadanos y ciudadanas, especialmente en las áreas de salud, seguridad ciudadana y social, medio ambiente, transporte, educación, energía eléctrica, empleo, alimentación, vivienda y justicia.
Para la Marcha Verde, estas y otras transformaciones deben hacerse de manera profundamente democrática, a través de una Asamblea Constituyente que permita desmontar las bases sobre las que se sostiene el actual régimen de corrupción e impunidad.
Y es que las mejores condiciones de Salud, Educación, Alimentación, Agua, Medio Ambiente y Libertades públicas que urgen a este pueblo, no se conseguirán mientras prevalezcan los actuales niveles de corrupción e impunidad.