Es alentador que los dos partidos mayoritarios hayan acordado aprobar el proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas tan pronto concluyan la nueva Constitución, pero antes tendrán que afinar lo referente a las elecciones primarias llamadas a ser organizadas por la Junta Central Electoral con una sola boleta.

Es virtualmente imposible elegir conjuntamente los 3 mil 602 candidatos de cada uno de los 22 partidos actualmente reconocidos, por lo que tendrán que limitarlo a los partidos mayoritarios, y parece una locura pretender que tal votación pueda realizarse con un mínimo de éxito ni siquiera en lo que resta del año.

Acuerdos alentadores.  Puede considerarse positivo que los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD) lograran esta semana ampliar los acuerdos para la reforma constitucional que habían pactado el 14 de mayo sus líderes Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado, abarcando también la aprobación del proyecto de ley de partidos que se discute desde hace una década.

También es alentador que hayan proseguido la concertación sin que se produjera una grave confrontación o crisis ni tuviera que intervenir una mediación extra partido, siendo fruto de las comisiones partidarias instituidas a raíz del sorpresivo acuerdo preliminar de mayo. En lo concerniente al proyecto de Constitución hubo consenso en más de una veintena de aspectos, incluida  la eliminación de numerosos artículos y acápites redundantes o que no merecen el rango constitucional, por ejemplo el que planteaba que “Las universidades escogerán sus directivas y se regirán por sus propios estatutos”.

Los nuevos acuerdos incluyen asuntos básicos de la nueva Constitución, como la creación de un Tribunal Constitucional demasiado numeroso, de 13 miembros; precisiones sobre la integración del Consejo Nacional de la Magistratura con inclusión de la segunda mayoría en las cámaras legislativas; sobre un Tribunal Superior Electoral de tres miembros;  y para separar por tres meses las elecciones presidenciales y legislativas de las municipales.

Un documento base que manejan los comisionados de los dos partidos propone extender los acuerdos a otros aspectos que aún no han sido consensuados, como el devolver al Poder Ejecutivo la facultad de proponer al Senado los integrantes de la Cámara de Cuentas que, en la primera lectura, se le quitó para atribuirlo a la Cámara de Diputados, a fin de que el vigilado no proponga sus propios vigilantes.

Olvídense de este año

De lo que pueden estar seguros es de que por lo menos para esta vez es absolutamente imposible celebrar en noviembre la elección primaria, ni siquiera en lo que resta del año podría organizarla la JCE, al menos como se contempla en el proyecto de ley. Baste considerar que para los comicios nacionales de mayo próximo el proceso organizativo comenzó un año antes. Y si en mayo hay que elegir 3,602 legisladores, síndicos, vicesíndicos, regidores y directores municipales, en noviembre tendrían que ser escogidos 79 mil 244 candidatos de 22 partidos. Es imposible aunque los reduzcan a los 7 mil 204 que sumarían los de los dos partidos que obtuvieron más del 5 % de los votos en las últimas elecciones nacionales.

 Lo primero es que aunque la ley se apruebe el primero de octubre, ya faltaría tiempo para los tres meses de campaña interna antes del segundo domingo de noviembre. Requeriría un reenvío para enero. Los mismos partidos no tendrían tiempo para establecer y operar un mecanismo para presentar no más de dos precandidatos para cada diputación  y regiduría, y no más de tres y cinco para senadurías  y síndicaturas.

Aunque esta primera vez las primarias fueren aplazadas para enero, a la JCE le resultaría difícil en tres meses aprobar el reglamento, organizar la boleta única por cada circunscripción, elaborar el instructivo para operar una elección y cómputo tan múltiple y complejo, reclutar el personal y entrenarlo  para operar los más de 12 mil colegios electorales y realizar el escrutinio, elaborar los programas informáticos para la computación y ejecutar campañas para instruir y motivar a la población votante. Esa inmensa tarea requeriría, sobre todo en una primera vez, al menos 6 meses.

Como la memoria de los políticos dominicanos es bien corta, conviene recordar las experiencias de las dos últimas elecciones congresionales y municipales, a partir de la institución del voto preferencial por los diputados, es decir las del 2002 y 2006, muchas veces más simples que lo que representaría la elección de todos los candidatos de todos los partidos.

En la elección del 2002 las juntas municipales tomaron dos semanas para concluir el cómputo. Los resultados provisionales fueron proclamados el 21 de junio, es decir cinco semanas después de la votación. En el 2006 el cómputo en el Distrito Nacional finalizó el 23 de mayo, dejando perdidos 25 colegios, y en la provincia Santo Domingo se emitió el último boletín cuando sólo 2 de sus municipios habían logrado computar todos sus colegios electorales. En Santiago y otros municipios grandes tomó más de una semana completar el escrutinio. Aún cuando se entrenó al personal  que operó los colegios electorales, en Santiago, DN y Santo Domingo Norte, un 60, 80 y hasta 90 por ciento de las actas de los colegios llegaron con errores en las sumatorias de votos.

Sería preferible apostar a que la ley de partidos rigiera esta primera vez para la campaña y la elección nacional, dejando las primarias para la próxima oportunidad.-  

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Necesario afinamiento

Aunque no quieran admitirlo los perredeístas, que ahora son los abanderados del proyecto de Ley de Partidos, éste requiere una fuerte dosis de realismo en el aspecto de las primarias, ya que es casi imposible organizar en una sola boleta y jornada la elección de 3,602 candidatos por cada uno de los 22 partidos actualmente reconocidos. En casi todos los países donde se ha instituido la elección primaria obligatoria y conjunta se ha limitado al candidato presidencial y, en algunos casos, a los legisladores. Pero aquí se complica al incluir a los síndicos, vicesíndicos y regidores, y a los dirigentes de los distritos municipales.

El proyecto establece que para diputados y regidores los precandidatos no podrán pasar del doble de los puestos, hasta tres para senadores y hasta cinco para síndicos y vicesíndicos. Si se promedian tres por cada candidatura, habrá que bregar con 10,806 candidaturas por partido, que multiplicado por los 22 que están reconocidos sumarían 237 mil 732 precandidatos. Claro que se distribuyen en las circunscripciones de más de 150 municipios y más de 200 distritos municipales, pero en boletas que tendrán que ser elaboradas por la JCE y procesadas por las 150 juntas electorales.

 Para hacer viable las primarias conjuntas tendrían que ser restringidas a los partidos que hayan obtenido el 5 por ciento de los votos, actualmente  PLD y PRD, o por lo menos liberar del trámite a todos los minoritarios que concurran aliados, limitando la obligación de la elección primaria al que encabece la coalición. También podrían limitar la elección a los candidatos presidenciales, legislativos y a síndicos, dejando fuera los regidores y directores de distritos municipales. Pero aún así la carga sería insostenible para la JCE.

La negociación seguirá

El propósito de los comisionados es proseguir buscando consenso para facilitar la aprobación de la nueva Constitución este mismo mes, con la meta de aprobar en octubre la Ley de Partidos Políticos, para lo cual tendrían también que lograr acuerdos, aunque ya los hubo en la comisión multipartidaria que estudió el proyecto en la Cámara de Diputados que llegó a aprobarlo en agosto. Los planteamientos básicos del mismo han sido consensuados durante una década entre dirigentes políticos y sociales y en la Comisión para Reforma del Estado de la primera gestión del PLD, así como por el Consejo Nacional de Reforma del Estado en el gobierno perredeísta y ahora en el peledeísta.

Las comisiones de negociación están integradas, por parte del PLD, por el vicepresidente Rafael Alburquerque, los presidentes de las cámaras legislativas Reinaldo Pared y Julio César Valentín, y los juristas César Pina Toribio y Abel Rodríguez. Por el PRD los juristas Milton Ray Guevara, Virgilio Bello Rosa, Eduardo Jorge Prats, Orlando Jorge Mera y Neney Cabrera.  Como ya se ha analizado (HOY, 23 de agosto 2009) el proyecto de ley de partidos contiene muchos avances fundamentales para la democratización interna de los partidos,  la elección de candidatos, reglamentación de las campañas electorales, y para la transparencia del financiamiento y el gasto. Pero el proyecto tendrá que ser afinado en cuanto a la elección primaria, que pretende conjunta para todos los partidos reconocidos en una sola boleta bajo organización y escrutinio de la JCE.

En sus artículos del 35 al 49 el proyecto establece todo un sistema de regulación de la elección de candidatos de todos los partidos el segundo domingo de noviembre del año anterior a los comicios nacionales después de tres meses de campaña, cuya organización y escrutinio estará a cargo de la JCE en los colegios electorales habituales, en una sola boleta y con financiamiento del Estado, lo que implica un aumento indirecto del subsidio al partidismo político. Establece que los partidos podrán designar el 10 por ciento de los candidatos y tendrán que mantener la proporción del 33 por ciento para las mujeres.