Tierramérica
Los científicos y las comunidades  mexicanas, unidos por ecología

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VERÓNICA DÍAZ FAVELA *
MÉXICO.
 La mexicana Graciela González atiende llamadas, organiza reuniones y da entrevistas como parte de sus labores para rescatar del desastre ecológico a un río. A miles de kilómetros de distancia, el campesino Gonzalo Rodríguez ayuda a tomar muestras del aire en una región contaminada por las petroquímicas.

Ninguno tenía en sus planes convertirse en defensor del ambiente. González se ocupa de las tareas de su casa y dejó su empleo como docente para dedicarse a la causa en el estado occidental de Jalisco. Rodríguez cría ganado en Veracruz, en el sur mexicano.

Como ellos, cada vez más ciudadanos han comenzado a alternar sus ocupaciones con la búsqueda de soluciones a la depredación del entorno en sus comunidades.

El año pasado, un centenar de grupos ciudadanos formaron la Asamblea de Afectados Ambientales (AAA), presente en 12 de los 32 estados de este país de más de 107 millones de habitantes.

Ya se han reunido en cuatro ocasiones para compartir experiencias y planear estrategias conjuntas para llamar la atención sobre sus casos.

En 2006, académicos e investigadores de todo México, disconformes con la política científica nacional de los últimos 30 años, fundaron la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), hoy con unos 400 miembros activos en áreas como biología, física, matemáticas, economía, sociología, antropología, ciencia política y derecho.

Observatorio.  Ahora, esos dos mundos han unido fuerzas.   La UCCS, con sede en el distrito federal, creó el Observatorio Socio-ambiental con el fin de “documentar los casos de deterioro ambiental más graves en México”, explica uno de sus miembros, el economista Rolando Espinoza.

Su principal fuente de información para trazar ese mapa de problemas socio-ambientales es la AAA. Ha registrado ya 150 casos, la mayoría relacionados con “actividades mineras y petroleras, proyectos hidroeléctricos, desarrollo de infraestructura carretera, instalación de rellenos sanitarios, disposición de residuos y demás”, sostiene Espinoza.

Los más comunes tienen que ver con el agua. Por ejemplo, el río Santiago, situado en el municipio de El Salto, Jalisco. Allí vive González. “Primero notamos que cada vez teníamos que ir más lejos para pescar y para recolectar frutos”.

“Luego nos dimos cuenta de la enfermedad y la muerte. No encontrábamos el origen de los casos de cáncer, insuficiencia renal, dermatitis, vías respiratorias dañadas y abortos”, cuenta la fundadora de la asociación civil “Un salto de vida”.

Contaminados

En los años 70 se radicaron allí industrias metalmecánicas, farmacéuticas, alimentarias, maquilas, de la construcción, petroquímicas y de solventes, casi 200 empresas que lanzan descargas contaminantes a lo que antes sus habitantes llamaban “el paraíso”. Hoy se caracteriza por el aire con olor a huevo podrido.

Desde hace un par de años, los activistas buscan el saneamiento de seis kilómetros de la red hídrica, cuya contaminación afecta la salud de 150.000 personas que habitan El Salto.

Cuando comenzaron a manifestar su molestia, las autoridades estatales reaccionaron desestimando sus argumentos.

“Nos decían: ‘Demuéstrame que lo que estás diciendo tiene relación con la contaminación, que tienes cáncer porque hay descargas’”, recuerda González.

Según el economista Espinoza, ésa es la respuesta característica de las autoridades.

En el sureño estado de Puebla, asegura, se llegó al absurdo de solicitar un estudio de velocidad y dirección de los vientos a los vecinos de una colonia afectada por una empresa que reciclaba radiografías y liberaba humos tóxicos.

“Los ciudadanos necesitan información, que alguien de una institución pública, educativa, científica, un laboratorio, algún sabio local los apoye y los asesore en organizar la información y volverla significativa”, describe Espinoza.

La colaboración de la UCCS y la AAA es la más prolífica, pero abundan casos de ayuda entre investigadores y ciudadanos.

Los defensores del río Santiago ya colaboran con investigadores del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, con sede en la capital de Jalisco, Guadalajara. Planifican divulgar el caso en medios de comunicación internacionales y hacer un monitoreo ambiental de la zona.

Breves

Parlamentarios contra el cambio climático

ROMA.-   Unos 100 legisladores de los 13 países más contaminantes del planeta se reunieron el viernes y ayer  en Roma para promover acciones que aseguren un acuerdo internacional efectivo contra el cambio climático.   “El propósito es llamar a los gobiernos G-8  a actuar para frenar el cambio climático”.

Gas natural para contaminar menos

SANTIAGO.-   A fin de  mes llegará a Chile, procedente de Trinidad y Tobago, el primer barco con gas natural licuado (GNL), que será “regasificado” en una planta construida en Quintero, en Valparaíso. La embarcación transporta 144.000 metros cúbicos de GNL, equivalentes a 84 millones de metros cúbicos de gas natural. «El gobierno debe buscar los mecanismos para incentivar al sector industrial a cambiarse al combustible más limpio, porque hoy no tiene la potestad legal para exigirlo”.

Jardín Botánico busca autosustentarse

CARACAS.-   El Jardín Botánico de Caracas, con 70 hectáreas y más de 2.500 especies vegetales, inició un programa de búsqueda de recursos propios, pues el Estado no le aporta fondos desde hace cuatro años.

«Comenzamos a vender plantas ornamentales y abono orgánico, así como el plan ‘Adopte un árbol’, mediante un pago único de 140 dólares, además de cursos”.

De la sartén al motor

La ciudad turística de Necochea, en Argentina, instrumenta un plan pionero de recolección compulsiva de aceite usado en cocinas de restaurantes para producir biodiésel.

Marcela Valente

BUENOS AIRES.    Un municipio argentino puso en marcha un programa que obliga a los restaurantes y otras casas de comidas a entregar el aceite comestible usado para destilar biodiésel y mover vehículos de la comuna y del transporte público.

«Logramos evitar que el aceite usado vaya a la cloaca y contamine el agua, ahorramos en combustible, creamos conciencia ecológica y le damos un proyecto a un pueblo destinado a morir”, sintetiza Martín Issin, subsecretario de Producción de la alcaldía de Necochea y encargado del Programa de Biodiésel que controla la recolección, producción y consumo de este combustible renovable.

La ciudad turística de Necochea, sobre el océano Atlántico, es cabecera del municipio homónimo, situado 500 kilómetros al sudeste de la capital argentina, en la provincia de Buenos Aires. En verano recibe muchos visitantes, y alberga a más de 80 por ciento de la población permanente del distrito, unos 100.000 habitantes.

No es Necochea la «destinada a morir», sino el poblado rural de Ramón Santamarina, situado a 65 kilómetros. Su imparable despoblamiento había inducido a las autoridades a pensar en trasladar de allí la Escuela Agropecuaria. Pero fue la escuela el lugar elegido para instalar la procesadora municipal de biodiésel, lo que reanimó la vida y actividad de Ramón Santamarina.

Argentina es el tercer productor mundial de biodiésel, después de Alemania y Estados Unidos, con más de 1,4 millones de toneladas anuales. Pero la producción está concentrada en pocas empresas dedicadas a exportar y no a satisfacer la demanda interna, que irá en aumento desde 2010.   La ley de biocombustibles sancionada en 2006 dispone que, a partir del año próximo, el gasóleo (combustible para motores diésel) deba mezclarse al menos con cinco por ciento de biodiésel, cuya quema emite menos gases de efecto invernadero.   Pero especialistas temen que la ley no podrá cumplirse porque los productores de biodiésel prefieren el más lucrativo mercado externo.   Según la norma Los hoteles, restaurantes, fábricas y comedores pueden ser inspeccionados y multados por Obras Sanitarias.

Zoom

Dirección de Obras Sanitarias

Los hoteles, restaurantes, fábricas y comedores pueden ser inspeccionados y multados por la Dirección de Obras Sanitarias, que revisa el vertido en los desagües. La adhesión de particulares es voluntaria.

El programa cuenta hoy con 700 empresas proveedoras que trabajan todo el año y otras 3.000 en temporada estival. El aceite se recolecta con un vehículo de la comuna, que funciona sólo con biodiésel.

Las autoridades decidieron incluir en el esquema el aprovechamiento de los envases vacíos de productos agroquímicos, considerados muy contaminantes. Cada bidón debe ser sometido a un triple lavado antes de emplearlo como recipiente para retirar el aceite de los restaurantes.

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